El 28 de mayo recién pasado, entró en vigor la nueva Ley de Funerales de Alto Riesgo, convirtiendo a Chile en el primer país, al menos de América Latina, en legislar de manera específica sobre una práctica que, en los últimos años, ha derivado en episodios de violencia, desórdenes públicos y demostraciones de poder vinculadas al crimen organizado.
Esta normativa tiene como objetivo principal resguardar el orden público y prevenir delitos que puedan cometerse en el contexto de ceremonias fúnebres de personas con antecedentes criminales o nexos con organizaciones delictivas.
En la provincia de Biobío, este tipo de servicios fúnebres ya venía siendo objeto de análisis policial, incluso antes de la promulgación de la nueva Ley.
De acuerdo a cifras proporcionadas por el oficial, en 2023 se registraron 13 funerales de este tipo, clasificados en las categorías de Alto, Moderado y de Bajo en la provincia de Biobío.
En 2024, en tanto, fueron 11 los servicios categorizados como Extremo, Alto, Moderado y Bajo en la zona.
Del total, al menos tres provenían de otras comunas como Concepción, San Pedro y Coronel, pero fueron sepultados en la ciudad de Los Ángeles, lo que igualmente implicó coordinación operativa en el territorio local", relató Salas.
En lo que va de 2025, se han registrado seis funerales clasificados como de riesgo alto o moderado en la provincia de Biobío; uno de ellos correspondió a una persona fallecida en Hualpén.
En todos los casos, la determinación de la cantidad de carabineros desplegados considera diversos elementos; entre ellos, el prontuario del fallecido, las circunstancias del deceso y posibles amenazas al orden público.
¿POR QUÉ TANTO DESPLIEGUE POLICIAL?
La presencia masiva de Carabineros en estos funerales ha sido objeto de críticas. Al respecto, el coronel Salas fue enfático al decir que "la cantidad de efectivos desplegados responde a un criterio de protección de terceros, no de quienes participan del funeral. El objetivo es evitar que personas inocentes se vean afectadas por eventuales actos delictuales durante estos eventos".
Explicó además que, con la nueva ley, se ha reforzado el protocolo para el traslado inmediato del cuerpo desde el Servicio Médico Legal al cementerio, en un proceso que también se realiza con custodia policial.
En este contexto, el oficial fue enfático al recalcar que esta custodia policial no busca proteger a delincuentes, si no que evitar alteraciones al orden público y resguardar la seguridad de la ciudadanía.
¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA LEY DE FUNERALES DE ALTO RIESGO?
El abogado y docente de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, entregó un detallado análisis respecto esta normativa que marca un antes y un después en la legislación penal y administrativa chilena.
Desde el punto de vista administrativo, la ley establece un procedimiento riguroso para determinar si un funeral debe ser calificado como "de alto riesgo". Esta evaluación se basa en antecedentes como el historial criminal del fallecido, su vinculación con organizaciones delictivas, y la posibilidad de alteraciones al orden público.
Al respecto, Muñoz explicó que -con la entrada en vigencia de esta Ley- Carabineros y las autoridades encargadas del orden público tienen un plazo de dos horas desde el conocimiento del fallecimiento para entregar un informe técnico al delegado presidencial. Este último tiene hasta cuatro horas para decidir si el funeral será declarado de alto riesgo y notificar a la familia. A partir de ese momento, se determinan rutas, restricciones y medidas específicas para el desarrollo de la ceremonia.
Asimismo, el abogado y docente de la UDD añadió que la ley también introduce modificaciones penales de fondo, como la creación de una agravante específica para delitos cometidos en las inmediaciones de funerales de alto riesgo, definidos en un radio de hasta un kilómetro desde el velatorio o el recorrido del cortejo fúnebre. Esta agravante aplica a delitos como homicidio, tráfico de armas, asociación ilícita, estafas, robos con violencia, entre otros.
Además, "establece también un nuevo delito, un nuevo tipo penal, que ahí la pena que está asociado al incumplimiento de los procedimientos funerales", sostuvo Muñoz.
En este contexto, añadió que la pena va desde los 541 días hasta tres años de reclusión, junto con multas de hasta 20 UTM (cerca de 1 millón de pesos).
"El incumplimiento de estos protocolos será sancionado con cárcel, lo que representa un avance en términos de prevención y control del orden público", afirmó Muñoz.
UN DESAFÍO PARA LAS POLICÍAS Y EL SISTEMA JUDICIAL
Aunque la norma refuerza las facultades policiales, también impone una mayor exigencia operativa. "Este nuevo marco legal implicará que se dispongan más recursos policiales para el control de estos eventos. No necesariamente afectará de manera directa al sistema judicial en términos de más jueces o fiscales, salvo que se produzcan detenciones o delitos asociados", explicó el abogado.
Asimismo, subrayó que las funerarias también deberán acatar las instrucciones administrativas emitidas por la autoridad, lo que involucra una coordinación interinstitucional inédita.
Desde el análisis jurídico, Muñoz considera que la ley es una señal clara del Estado para abordar una problemática concreta: el uso de funerales como demostraciones de poder por parte de organizaciones delictivas. Sin embargo, detalló que la simple creación de delitos o aumento de penas no garantiza la disminución de los hechos delictivos.
"Hay que tener cuidado con creer que esta ley por sí sola resolverá el problema; aumentar penas no siempre se traduce en menor delincuencia. Pero al menos, es una señal política y legislativa clara para recuperar el espacio público", señaló.
UNA HERRAMIENTA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Esta legislación nace en un contexto donde funerales vinculados al crimen organizado han generado temor social, uso de fuegos artificiales, disparos al aire y desmanes, con un fuerte impacto en la percepción de inseguridad ciudadana. El gobierno, al promulgar esta ley, busca retomar el control del espacio público y marcar límites claros frente a estas manifestaciones.
Muñoz destacó que "esta ley reconoce que los funerales se habían transformado en vacíos de poder, espacios que eran aprovechados para demostrar control territorial. Con esta normativa, el Estado dice: ‘aquí hay reglas’".
