Regístrate en nuestro newsletter
El Ministerio de Seguridad Pública ingresó una querella criminal ante el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara por el atentado incendiario perpetrado la madrugada del 20 de abril de 2025 en la central hidroeléctrica Rucalhue, en la comuna de Santa Bárbara. Se trata de la primera acción judicial del recientemente creado ministerio, liderado por el ministro Luis Cordero Vega, y busca establecer responsabilidades penales por hechos que han sido calificados como uno de los ataques "más graves ocurridos en la Macrozona Sur".
Según detalla la querella, firmada por los abogados Francisca Souper Aburto y Felipe Guerrero Sánchez en representación del Ministro de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron entre la 1:30 y las 2:30 de la madrugada, cuando al menos doce sujetos encapuchados y armados irrumpieron de forma coordinada en las instalaciones de faena de la central.
Los atacantes intimidaron y golpearon a cuatro guardias de seguridad, procediendo luego a incendiar un total de 51 vehículos, incluyendo 46 camiones tolva, maquinaria pesada, una camioneta y un camión de combustible, utilizando líquidos acelerantes.
Los autores del atentado portaban armas de fuego largas y cortas, y durante su huida realizaron disparos al aire, bloquearon caminos rurales con barricadas incendiarias, árboles y "miguelitos", y establecieron cortes en la Ruta Q-61R.
Uno de los guardias resultó lesionado en la zona costal, y su diagnóstico es reservado.
En el lugar -detalle el documento- se encontraron pancartas con consignas políticas y reivindicaciones, incluyendo llamados a la libertad de presos mapuche y referencias explícitas al grupo radical Weichán Auka Mapu (WAM), organización que ha reivindicado una serie de atentados incendiarios previos en la zona sur del país.
La querella se presenta en contra de todos quienes resulten responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores, por los delitos de asociación terrorista —según la Ley N° 21.732 que tipifica conductas terroristas—, incendio (artículo 476 N° 2 del Código Penal), porte ilegal de arma de fuego, porte de arma de fuego prohibida y disparos injustificados (Ley N° 17.798 sobre Control de Armas).
Los antecedentes entregados por el Ministerio apuntan a que el ataque formaría parte de una cadena de acciones violentas realizadas por una organización con capacidad logística, estructura interna y objetivos políticos claros, lo que encuadra dentro de los elementos legales para configurar el delito "de asociación terrorista".
El documento jurídico detalla que la acción responde a un patrón reiterado de violencia, con al menos diez atentados similares cometidos en los últimos dos años, adjudicados por WAM, incluyendo ataques en las comunas de Freire, Vilcún, Contulmo, Lebu y Arauco.
Cabe indicar, que si bien el atentado en Rucalhue no ha sido directamente reivindicado hasta ahora, el modus operandi, las pancartas encontradas y las consignas "coinciden con los ataques atribuidos a dicha organización".
Finalmente, el documento plantea que será responsabilidad del Ministerio Público esclarecer si este hecho fue cometido por WAM u otra agrupación con la estructura y objetivos necesarios para ejecutar este tipo de acciones, "las cuales buscan socavar el orden democrático, intimidar a la población y desincentivar la inversión en la zona".
El documento fue acogido a tramitación el 28 de abril, instruyendo su remisión al Ministerio Público. Esta entidad deberá liderar la investigación penal, con la facultad de solicitar diligencias como levantamiento de evidencia, entrevistas a testigos y peritajes técnicos, en coordinación con la Policía de Investigaciones.
La acción judicial se funda en la aplicación de la nueva legislación antiterrorista promulgada en febrero del 2025 y que amplía las facultades del Estado para perseguir este tipo de crímenes.
El Ministerio de Seguridad Pública ha subrayado que este tipo de ataques no solo constituyen delitos graves por sí mismos, sino que también representan una amenaza estructural al Estado de Derecho, especialmente en territorios que se encuentran bajo estado de excepción constitucional desde mayo de 2022, como es el caso de la provincia de Biobío.
Con esta querella, el Gobierno busca establecer un precedente firme en la persecución penal de delitos terroristas, "reafirmando el compromiso del Estado con la seguridad pública, la protección de las comunidades locales y la continuidad de las inversiones estratégicas para el desarrollo energético del país". La investigación continúa en curso y al cierre de esta edición, no había detenidos por este mega-ataque incendiario.
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
