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Tras la audiencia, el Juzgado de Garantía de la ciudad determinó como medida cautelar la prohibición de salir del país mientras dure la investigación.
El fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, detalló que el imputado constituyó en 2017 una empresa junto a un socio, la cual se mantuvo operativa hasta 2024.
Sin embargo, en 2021, mientras ejercía como administrador municipal —cargo al que renunció en diciembre de 2024—, realizó gestiones que beneficiaron directamente a su socio, sin haberse inhabilitado como lo exige la ley.
Los hechos que sustentan la acusación incluyen tres solicitudes realizadas por Guzmán Fernández:
- 29 de junio de 2021: gestionó la incorporación de su socio como profesional a contrata dentro de la administración municipal.
- 23 de septiembre de 2021: solicitó la renovación de dicho contrato hasta el 31 de diciembre de ese año.
- 30 de diciembre de 2021: promovió una nueva renovación del contrato de su socio, además de solicitar un ascenso en la escala de remuneraciones, pasando del grado 9 al 8.
El fiscal Pérez Nova precisó que el exadministrador municipal debió abstenerse de intervenir en estos procesos contractuales, notificando a su superior jerárquico sobre la implicancia de su relación con el beneficiado.
Sin embargo, no lo hizo, incurriendo así en una falta a lo dispuesto en el artículo 62, número 6, de la Ley 18.575, y el artículo 12 de la Ley 19.880.
Por esta razón, la Fiscalía solicitó la formalización de Guzmán Fernández por tres delitos de negociación incompatible, iniciando una investigación que tendrá una duración de cuatro meses.
La indagatoria es llevada a cabo en conjunto con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI).
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