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El testigo, identificado como el Nº7, reiteró que Rafael Gámez Salas, alias El Turko, líder de la célula criminal, recibió instrucciones de Carlos Bobby, quien habría sido contactado por Héctor El Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua.
Según la declaración, Guerrero cerró el trato directamente con Diosdado Cabello -Ministro del Interior y Justicia de Venezuela desde 2024-, quien habría financiado la operación.
El testigo, presunto encargado de proveer los vehículos usados en los delitos y vinculado al entierro del cuerpo de Ojeda, presentó evidencia fotográfica que respalda su relato.
Además señaló que una vez realizado el "trabajo", Cabello hizo el pago de la suma acordada a Guerrero en Perú, pero que varios de los involucrados quedaron con las manos vacías puesto que el dinero "quedó arriba" y no chorreó como manantial hasta los soldados hoy formalizados.
Su declaración es clave para la Fiscalía chilena, que sostiene que el crimen fue orquestado por el régimen venezolano, lo que ha tensado aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, desestimó las acusaciones, calificando el caso como una "operación de falsa bandera" del Estado chileno. Saab criticó duramente a la Fiscalía chilena, asegurando que se le negó el acceso a los expedientes del caso.
Los Piratas están vinculados a múltiples delitos en Chile, incluyendo secuestros, homicidios y extorsiones.
Entre sus crímenes, también figura el asesinato del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez en abril de 2024.
La organización, liderada por El Turko, quien fue detenido en Estados Unidos, y Carlos Bobby, capturado en Colombia, enfrenta graves cargos por sus actividades delictivas en la región.
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