Ex fiscal Carlos Gajardo habla sobre intervención en Ministerio Público de Los Ángeles: "Es una alerta"

El abogado y ex fiscal Carlos Gajardo es una de las voces más autorizadas para opinar sobre los posibles casos de corrupción que salpican a las instituciones públicas.

Hace una década encabezó la investigación del caso Penta en calidad de jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad en la Fiscalía Oriente, uno de los escándalos empresariales y políticos más importantes del último tiempo.

Sin embargo, las presiones políticas lo sacaron del camino al punto que decidió renunciar al Ministerio Público y continuar en el ejercicio de su profesión de manera particular.

Panelista habitual en programas de televisión y en universidades, el ex persecutor penal es un referente respecto del comportamiento ético en la aplicación de justicia.

Diario La Tribuna conversó con el abogado respecto del caso que ha sacudido al Ministerio Público en Los Ángeles. Dos fiscales y cuatro funcionarios fueron apartados de sus labores debido a sospechas de tráfico de influencias. Uno de los fiscales suspendido está casado con una abogada que tiene una sociedad con otra profesional, dedicadas a la defensa de sospechosos de integrar bandas de narcotraficantes.

Por eso caso, hay un sumario administración y una investigación penal que implicó un allanamiento en las oficinas del Ministerio Público.

-¿Cómo evalúa esta situación en Los Ángeles? No recuerdo que una Fiscalía fuera allanada y un grupo de funcionarios fuera sido apartado de sus labores.

- No, la verdad que tampoco tengo registro de una situación de este tipo, es decir, que una fiscalía misma hubiera sido un objeto de allanamiento y que además, tantas personas al interior de una fiscalía hubieran sido suspendidas. Estamos hablando de dos fiscales, cuatro funcionarios, es una suspensión en el ámbito administrativo que, por cierto, da cuenta de un posible involucramiento en conductas impropias, y eso es evidentemente muy grave.

- Uno asume que los fiscales deben estar absolutamente libres de cualquier mancha, de cualquier tema que cuestione su labor.

- En general, cualquier acto de corrupción es algo delicado porque involucra funcionarios públicos, pero cuando este involucramiento ocurre en instituciones que están justamente a cargo de la persecución criminal y aquí involucro a las policías, al propio Poder Judicial o a la Fiscalía, evidentemente que es de suyo más grave, es una alerta muy grande sobre el funcionamiento del sistema. Es una buena cosa que el sistema tenga la capacidad de auto investigarse pero pone - sin duda- una luz de alerta sobre lo que está sucediendo. Estos hechos deben ser investigados muy profundamente y en caso de que se descubran responsabilidades penales o administrativas, se deben aplicar las sanciones más rigurosas.

- En este caso, aunque la investigación penal no determine responsabilidades, a lo menos hay una conducta impropia.

- No es poco frecuente que existan vínculos familiares entre personas que sirven al sistema, pero cada vez que ocurre, hay que tener especial cuidado que no signifique un mal funcionamiento de las instituciones. Existen protocolos. Todas estas conductas deben ser declaradas y cuando existe conflicto de interés, los involucrados deben abstenerse absolutamente. Si hay un fiscal que es cónyuge de una persona que se dedica a la defensa privada, habrá que tener una regla muy estricta de inhabilidad. Si más allá de esas inhabilidades, han existido conductas impropias, entrega de información o lo que fuere, eso es constitutivo de infracciones que pueden ser incluso delictuales.

- ¿A su juicio, fallaron los controles internos en el Ministerio Público?

- Es parte de lo que se debe investigar y por eso existen dos tipos de indagaciones. Una que es mucho más severa, que es la investigación penal, que intenta determinar si hubo algún tipo de delito, y otra de carácter administrativo sobre si hubo conductas o instrucciones que no se cumplieron. Hay que ver qué fue lo que falló, sobre todo para evitar en el futuro que estas conductas vuelvan a repetirse.

En general, hay poca experiencia de corrupción importante a nivel de fiscales y jueces. Eso es bueno. En general son muy excepcionales los casos en que algo así ocurre, pero esa misma excepcionalidad significa o provoca que haya poca experiencia, pocos controles.

Si existen niveles importantes de corrupción en distintas instituciones, uno no tendría por qué pensar que el Ministerio Público va a estar ajeno a esa posibilidad de corrupción. Lo relevante, además de sancionar lo que se descubra, es buscar las fórmulas para que estas conductas no se repitan en el futuro.

- En el marco de esta crisis de confianza, nadie puede decir que alguna institución está impoluta.

- Esa es la manera en que actúa el crimen organizado. A diferencia del crimen ordinario, el crimen organizado tiene estructuras más sofisticadas que buscan permear el funcionamiento de los aparatos públicos, sobre todo los aparatos de investigación. El crimen organizado muchas veces permea a las policías, Aduana o el Servicio de Impuestos Internos, como lo hemos visto con mucha mayor nitidez en otras latitudes. Qué mejor protección puede tener una organización criminal que tener de su lado a aquel que tiene que perseguir la responsabilidad criminal. Es una realidad y uno no puede ser ingenuo ni negacionista y decir esto no pasa en Chile, sino por el contrario, lo importante es tener los ojos muy abiertos, y sin duda, la mano muy firme si llegan a detectar conductas así.