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La Tribuna

Ex dirigente local de la ANEF es condenado por cohecho y falsificación de instrumento público

por Juvenal Rivera Sanhueza

Gabriel Inostroza, que fuera coordinador provincial de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, fue condenado por un tribunal de Los Ángeles a dos penas efectivas de 5 años y un día de presidio.

Gabriel Inostroza cuando era líder de la ANEF provincial. / La Tribuna

En 2016, Gabriel Inostroza Inostroza, que cumplía funciones en la oficina el Servicio de Impuestos Internos (SII) en Los Ángeles, era un activo dirigente de los funcionarios del sector público. En su calidad de coordinador provincial de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, (Anef), representaba los intereses de los trabajadores que integraban esos gremios.

Debido a su condición dirigencial, también era el vocero frente a los medios de comunicación frente a situaciones de conflicto, especialmente cuando se negociaba el reajuste del sector público. También por la situación de los funcionarios a honorarios.

En una fotografía publicada el 28 de octubre de 2016, Gabriel Inostroza aparece, con los brazos cruzados, al frente de una marcha de funcionarios públicos que se lleva a cabo por la calle Valdivia, en pleno centro de Los Ángeles.

En esos mismos años en que fungía como dirigente sindical, Gabriel Antonio Inostroza Inostroza - de acuerdo a un dictamen de la justicia - era parte de un alambicado mecanismo para defraudar al fisco, a cambio de coimas.

Sin embargo, eso solo de conoció hace algunos días cuando su nombre figura como el principal condenado por los delitos consumados y reiterados de cohecho y falsificación de instrumento público, los cuales fueron perpetrados entre marzo de 2015 y febrero de 2017 en Los Ángeles y Santa Bárbara.

Por esos delitos, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles lo condenó a dos penas efectivas de 5 años y un día de presidio.

Fue un fallo unánime. Las magistradas Ingrid Quezada Valdebenito (presidenta), Marisol Panes Viveros y Kary Videla Beltrán (redactora) también decidieron aplicar a Inostroza Inostroza las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. También tendrá inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos por el término de siete años y un día y deberá pagar una multa a beneficio fiscal de $2.000.000.

En la misma causa, el tribunal condenó a los funcionarios del SII Luisa Cecilia Venegas Espinoza a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, como autora del delito consumado y reiterado de cohecho. También estableció las accesorias legales de dos años y un día de suspensión de cargos y oficios públicos y profesiones titulares y el pago de una multa de $1.635.000. Otro condenado fue Sergio Alejandro Ortiz Valenzuela a dos años de presidio, con el beneficio de remisión condicional de la pena, como autor del delito consumado de falsificación de instrumento público.

DELITO

El tribunal acreditó que entre mayo de 2014 y abril de 2017, Venegas Espinoza e Inostroza Inostroza, funcionarios del área asistencial del SII, aceptaron diversas sumas de dinero del empresario Alejando Orrego Venegas quien ya condenado por ese delito.

Esta persona les pagaba a través de su cuenta bancaria o de la de su cónyuge María Carolina Vallejos García. El beneficio económico ascendió a la suma de $1.635.000, en el caso de Venegas Espinoza, y a $5.580.000, en el de Inostroza Inostroza.

En tanto, el 4 de febrero de 2017, Inostroza Inostroza concurrió hasta un domicilio ubicado en comuna de Santa Bárbara, para "fiscalizar" en terreno a Juan Carlos Gallardo Avello, uno de los empresarios a los que representaba el contador Orrego Venegas. Ahí le pidió al funcionario que lo acompañaba que rellenara un formulario con datos falsos, gestión por la que recibió $484.000.

Más tarde, en abril de 2016, Inostroza Inostroza y Ortiz Valenzuela y un tercer funcionario del SII, ingresaron información falsa sobre la existencia de otra empresa de Gallardo Avello, supuestamente ubicada en comuna de Santa Bárbara, lo que permitió que al día siguiente, el empresario obtuviese la autorización del SII para timbrar boletas.

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