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Tras el escándalo de los tres convenios firmados por el seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva por $426 millones, el Tribunal Supremo de Revolución Democrática suspendió la militancia de la diputada Catalina Pérez, en el marco de las investigaciones que la vinculan con el caso de su ex pareja, Daniel Andrade.
Mediante un comunicado la bancada expresó que "se declaró admisible la petición acordada por el Consejo Político Nacional, imponiendo la medida cautelar correspondiente a la suspensión de militancia de la diputada, mientras dure el procedimiento. La resolución fue aprobada con votación unánime, por parte de las y los ministros en ejercicio".
En el texto declararon que "agradecemos, una vez más el trabajo realizado por los integrantes del Tribunal Supremo, quienes han actuado dando cumplimiento a nuestra normativa interna, garantizando el debido proceso, resguardando nuestro proyecto político y sus principios".
Según reseñó ADN, la diputada Pérez recurrió a Contraloría y el Ministerio Público para que estos comenzaran una investigación por el caso. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Minvu iniciaron sumarios e investigación de oficio, a lo que se sumó la entrega de tres archivadores con información de los convenios de parte del ministro Carlos Montes.
A raíz de esta polémica es que desde la bancada de la oposición han solicitado en reiteradas ocasiones la renuncia tanto del jefe de cartera de vivienda como de autoridades gubernamentales, entre las que destaca Giorgio Jackson.
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