La seguridad pública exige decisiones concretas. No basta con reconocer que la delincuencia ha cambiado, que las organizaciones criminales utilizan nuevas tecnologías o que los delitos se cometen con una velocidad que muchas veces supera la capacidad de respuesta del Estado. Se requiere adaptar las herramientas de la justicia a esa realidad. Por eso, el despacho del proyecto que amplía el plazo de flagrancia constituye una buena noticia para Chile.
La aprobación del Congreso, que permite aumentar de 12 a 24 horas el plazo para considerar una situación de flagrancia cuando la detención es practicada por agentes policiales, representa un avance significativo. En el caso de la Policía Marítima, el plazo podrá alcanzar las 48 horas, atendiendo a las particularidades operativas de sus funciones. La iniciativa también perfecciona determinadas actuaciones autónomas de las policías y facilita la obtención de antecedentes relevantes para esclarecer los delitos.
No se trata de otorgar facultades ilimitadas ni de debilitar las garantías de las personas. Se trata de evitar que las exigencias de una realidad criminal cada vez más compleja terminen favoreciendo a quienes delinquen. La flagrancia debe ser una herramienta eficaz para la persecución penal, no una barrera que, por rigideces normativas, permita que un delincuente eluda la acción de la justicia.
En este proceso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ha tenido un papel central. Su conducción permitió impulsar una agenda que requiere diálogo, coordinación y capacidad para construir acuerdos. El respaldo transversal alcanzado en el Congreso demuestra que, cuando se coloca la seguridad de las personas por encima de las diferencias políticas, es posible avanzar en reformas largamente esperadas. Tal como lo ha mandatado nuestro Presidente José Antonio Kast.
El mérito de esta aprobación no consiste únicamente en ampliar un plazo. Su verdadero valor está en fortalecer la primera respuesta del Estado frente al delito: permitir que Carabineros, la Policía de Investigaciones y las instituciones competentes cuenten con mejores condiciones para identificar responsables, recoger evidencia y actuar oportunamente, siempre bajo el marco de la ley y la coordinación con el Ministerio Público.
La seguridad no se recupera con discursos, sino con instituciones que funcionen. Esta reforma es una señal clara de que el Estado está dispuesto a cerrar espacios de impunidad y a entregar respaldo efectivo a quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía.
Ahora corresponde que su implementación sea rigurosa, que existan protocolos claros y que las nuevas facultades se ejerzan con responsabilidad. Una policía con mejores herramientas, fiscales con capacidad de conducción y una justicia que responda oportunamente son elementos indispensables para recuperar la confianza de las personas.
El Congreso ha dado un paso importante. Y el Ministerio de Justicia, bajo el liderazgo del ministro Rabat, ha demostrado que la política de seguridad también se construye con trabajo legislativo serio, acuerdos amplios y resultados concretos. Chile necesita más de esa voluntad: menos excusas, más herramientas y un Estado que llegue a tiempo.
Robert Contreras Reyes
Seremi de Justicia