Hay discusiones que una puede mirar desde las cifras, desde las leyes o desde la política pública. Y hay otras que inevitablemente se miran también desde la propia historia.
Soy madre de tres hijos y he desarrollado buena parte de mi vida profesional mientras ellos crecen. Sé lo que significa organizar horarios, resolver quién cuida, llegar a tiempo, cambiar planes porque un hijo se enfermó y sentir, muchas veces, que mientras estamos cumpliendo en un lugar estamos faltando en otro.
Esa sensación probablemente la conocen miles de mujeres porque nos hemos acostumbrado a hablar de participación laboral femenina, igualdad de oportunidades y desarrollo profesional, pero no siempre nos hacemos cargo de las condiciones concretas que permiten que aquello ocurra.
Por eso avanzar en este proyecto me parece importante, no porque una sala cuna pueda reemplazar el cuidado de una madre, un padre o una familia. Tampoco porque todas las familias deban escoger la misma forma de criar a sus hijos. Precisamente, al contrario: porque disponer de alternativas permite decidir.
Hoy nuestra legislación mantiene una regla difícil de justificar: el derecho a sala cuna está asociado a empresas que cuentan con 20 o más trabajadoras. En la práctica, esto no solo deja fuera a muchas mujeres, sino que durante años ha sido cuestionado porque puede transformarse en un desincentivo para su contratación.
Cambiar esa lógica significa entender que el cuidado de los hijos no es únicamente un asunto de mujeres, sino que de la familia en su integralidad; pero también que el Estado, las empresas y la sociedad comprendamos que trabajo y familia no deberían estar permanentemente enfrentados.
Quienes hemos sido madres mientras desarrollamos una carrera sabemos que ese equilibrio nunca es perfecto. Hay renuncias, culpas, cansancio y una logística cotidiana que rara vez aparece cuando hablamos de empleo femenino. Pero también sabemos cuánto cambia la vida cuando existe una red que permite seguir trabajando con la tranquilidad de que nuestros hijos están bien cuidados.
Por eso preocupa que una discusión de esta relevancia pueda terminar empañada por la desinformación. Durante estos días se ha intentado instalar que reconocer a los niños y niñas menores de dos años como titulares del derecho de acceso a sala cuna permitiría al Estado separarlos de sus padres. El proyecto no establece aquello. Tener un derecho no significa estar obligado a ejercerlo y mucho menos que las familias pierdan la capacidad de decidir cómo cuidar y criar a sus hijos.
Por supuesto que debemos discutir el financiamiento de la Sala Cuna Universal, exigir calidad, considerar las distintas realidades territoriales y asegurar una implementación responsable. Esas son las preguntas que importan y sobre ellas debiera concentrarse el debate. No dejemos que la desinformación nos aleje de esa discusión.
Ser madre y trabajar nunca ha sido encontrar una fórmula perfecta. Es construir equilibrios todos los días. Y las políticas públicas también deben ayudarnos a construirlos.