La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de impulsar un proyecto que extiende hasta el año 2040 el traspaso de los establecimientos educacionales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) representa mucho más que una simple modificación. Constituye una señal política inequívoca: la renuncia del Estado a consolidar una educación pública fortalecida, moderna y con capacidad de garantizar igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas y jóvenes del país.
La Ley N.º 21.040 nació para corregir uno de los mayores errores heredados de la dictadura: la municipalización de la educación. Durante décadas quedó demostrado que el acceso a una educación de calidad dependía, en gran medida, de la riqueza o pobreza de cada comuna. Mientras algunos municipios podían invertir y desarrollar proyectos educativos medianamente sostenibles, otros apenas lograban sostener el funcionamiento básico de sus establecimientos.
Los SLEP no son perfectos. Han enfrentado dificultades de implementación, problemas de gestión y desafíos que deben corregirse con decisión. Pero la respuesta a esas falencias no puede ser detener o dilatar el proceso durante quince años más. Cuando una política pública requiere mejoras, el deber de un gobierno es fortalecerla, no congelarla.
La propuesta del Ejecutivo, que permitiría recalendarizar la instalación de los servicios pendientes hasta 2040 y mantener por más tiempo establecimientos bajo administración municipal, significa en la práctica prolongar las desigualdades territoriales que precisamente la Nueva Educación Pública buscaba superar.
Más preocupante aún es la lógica que subyace a esta iniciativa. En lugar de reafirmar el compromiso con una educación pública robusta, el Gobierno parece optar por debilitar progresivamente el rol del Estado, favoreciendo una visión donde las soluciones dependen cada vez más de las capacidades individuales de los municipios o del mercado educativo.
La educación pública no puede estar sometida a los ciclos políticos de cada administración. Requiere una mirada de Estado, de largo plazo, capaz de entregar estabilidad a las comunidades educativas. Cada año de retraso significa miles de estudiantes que seguirán dependiendo de sistemas locales con enormes diferencias de recursos, capacidades y oportunidades pedagógicas, financieras y de infraestructura.
Chile necesita continuar discutiendo cómo mejorar la Nueva Educación Pública, cómo fortalecer la Dirección de Educación Pública, cómo dotar de mayores capacidades a los SLEP y cómo corregir los errores detectados en su implementación. Lo que no necesita es volver atrás ni prolongar indefinidamente una transición que ya debía estar consolidada.
Las grandes transformaciones nunca han estado exentas de dificultades. La historia demuestra que las reformas profundas requieren convicción política, capacidad de acuerdos transversales, recursos y capacidad de gestión. Lo contrario es administrar la incertidumbre hasta convertirla en inmovilismo.
Postergar el fortalecimiento de la educación pública hasta 2040 equivale a hipotecar el derecho de una generación completa a acceder a un sistema educativo más equitativo y de mejor calidad.
Cuando un gobierno posterga la educación pública, no está ganando tiempo: está haciendo que el país pierda futuro.
Carlos Benedetti Reiman
Ex seremi de Educación Región del Biobío