Durante una década, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) operó bajo la premisa de que eliminar toda forma de selección reduciría la segregación escolar y permitiría que el talento se desarrollara mejor que bajo el modelo anterior. Hoy, la evidencia invita a matizar esa premisa.

Una investigación de Kutscher, Nath y Urzúa (2023) no encontró mejoras estadísticamente significativas en la diversidad socioeconómica de los establecimientos a nivel nacional y documentó un fenómeno incómodo: en comunas donde los barrios ya estaban socialmente estratificados, la segregación escolar incluso aumentó, impulsada por la migración de familias de mayores ingresos hacia el sector particular pagado. El anhelo natural de buscar la mejor educación posible para los hijos resultó más fuerte que el bienintencionado SAE.

Según datos del proceso de admisión escolar 2026, en los establecimientos con "sobredemanda", cuatro de cada cinco postulantes no cumplieron ningún criterio de prioridad y su asignación quedó entregada al sorteo. En primero medio, la cifra sube a nueve de cada diez. Y solo el 47% de los estudiantes de mejor rendimiento accedió a su primera preferencia en ese nivel. Así, vemos que un sistema que produce ese resultado no corrige desigualdades, sino que simplemente deja de reconocer el esfuerzo y quienes pagan esa decisión son las familias que no pueden acceder a una alternativa fuera del sistema subvencionado.

Mirar fuera de nuestras fronteras entrega luces adicionales. Según la prueba PISA 2022, el 51,6% de los estudiantes de la OCDE asiste a establecimientos que consideran el rendimiento académico en su admisión; en Chile, apenas el 9,8%. Y el 70,3% de los estudiantes chilenos asiste a establecimientos donde esa decisión recae en una autoridad centralizada, frente a un promedio OCDE de 21,6%. Nuestro país integra -junto a Croacia, Montenegro y Rumania-, el reducido grupo de países donde la admisión está radicada en la autoridad nacional.

La reforma aprobada por la Cámara de Diputados, corrige el SAE sin desmantelar lo que funcionó bien: conserva la plataforma única para postular y la transparencia del proceso, e interviene solo donde el problema realmente existe, esto es, los establecimientos con sobredemanda. Repone la posibilidad de usar el mérito académico como criterio en el proceso de ingreso desde séptimo básico y fija cuotas obligatorias de 20% para estudiantes prioritarios y de 10% para necesidades educativas especiales permanentes.

Además, recogiendo preocupaciones transversales, eliminó la distancia y la comuna como criterios, evitando reproducir por vía geográfica la segregación que busca combatir.

Sin duda, quedan aspectos por corregir en el Senado, pero la dirección es la correcta. Reconocer el esfuerzo de un estudiante es la condición mínima para que la educación siga siendo el principal vehículo de movilidad social disponible para las familias chilenas.

César Miranda

Investigador Instituto Libertad