Las cárceles deben entenderse como infraestructura crítica para el país, en un contexto donde la seguridad pública sigue siendo una de las mayores preocupaciones para la ciudadanía. No es solo una respuesta al déficit de plazas, sino una condición básica para que el Estado ejerza control efectivo sobre recintos que, bajo hacinamiento y operación precaria, pueden transformarse en espacios para el crimen organizado.

En esa línea, el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria 2022-2034 representa una decisión correcta: planificar inversiones con horizonte de largo plazo, ampliar capacidad y elevar estándares de diseño, tecnología y operación.  En los próximos cuatro años, el Ejecutivo proyecta crear 20 mil nuevas plazas en cárceles.

Por eso, un hito relevante es la licitación pública internacional del nuevo establecimiento penitenciario de Calama, publicada por el Ministerio de Obras Públicas en mayo, bajo el modelo de concesiones. El proyecto contempla la construcción, conservación y operación del complejo, con un presupuesto oficial estimado superior a $300 mil millones, una superficie aproximada de 71.858 m² y capacidad para 1.850 personas privadas de libertad. Además, incorpora obras civiles, instalaciones sanitarias y eléctricas, vigilancia con alta tecnología, climatización, seguridad contra incendios y equipamiento especializado. No se trata, por tanto, de "más celdas", sino de una infraestructura compleja, innovación en ingeniería, operación y seguridad.

Estas iniciativas también tienen una dimensión económica que no debe subestimarse. La construcción y modernización de recintos penitenciarios activa empleos directos e indirectos, incorporación de mano de obra calificada, servicios profesionales, proveedores locales, materiales, logística, innovación tecnológica, mantenimiento y operación. En regiones como Antofagasta, una obra de esta escala puede transformarse en un motor relevante de reactivación, generando encadenamientos productivos y oportunidades para empresas regionales, en un momento en que el país necesita acelerar inversión pública y privada con impacto territorial concreto.

Pero el principal beneficio es estratégico, mejorar la seguridad pública donde actualmente existe un sistema penitenciario sobrepoblado que dificulta la segregación adecuada de internos, debilita el control y aumenta el riesgo de que organizaciones criminales utilicen estos centros como espacio de reclutamiento. Por ello, la nueva infraestructura debe ir acompañada de gestión penitenciaria moderna: módulos diferenciados, bloqueo efectivo de comunicaciones ilícitas, tecnovigilancia, control de visitas e inteligencia.

La licitación de Calama y la cartera asociada al Plan Maestro, muestran que se puede avanzar en infraestructura crítica con visión de Estado. Su éxito no dependerá solo de construir bien y a tiempo, sino que el desafío es operar estos recintos con estándares superiores. Si se ejecutan con esa mirada, estas obras serán simultáneamente una respuesta al hacinamiento, un aporte a la reactivación económica, una fuente de empleo y una herramienta concreta para fortalecer la seguridad.

Alvaro Peña

Académico de la Escuela de Construcción y Transportes PUCV

Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).