El 12 de marzo de 2026, recién instalado en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast firmó el "Decreto de Auditoría Total", instruyendo a los ministros del Interior y Hacienda a revisar exhaustivamente la gestión de la administración saliente. La medida apunta a detectar irregularidades en el uso de fondos públicos y a rendir cuentas ante la ciudadanía, con el CAIGG como eje coordinador del proceso.

La decisión es, en principio, completamente legítima. Que un nuevo gobierno quiera saber con precisión en qué estado recibe las arcas fiscales es razonable y prudente. Y que recurra a la institucionalidad existente -el CAIGG es un órgano asesor presidencial en control interno y gestión de riesgos, reforzado recientemente por el nuevo Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, cuyo proyecto de ley completó su tramitación legislativa- es también la vía correcta.

Sin embargo, conviene hacer una distinción que el debate público suele omitir: auditar no es lo mismo que perseguir.

La auditoría interna tiene una misión técnica, sistemática e independiente. Su propósito es evaluar los procesos de gestión y control de las instituciones, verificar el uso eficiente de los recursos y detectar riesgos antes de que se vuelvan crisis. Cuando funciona bien, es una herramienta de mejora continua que agrega valor a la gestión pública, no un instrumento de sanción política.

Esta distinción importa porque el contexto de la "Auditoría Total" tiene una carga política innegable. El Presidente declaró que "si se dan situaciones complejas, el deber es mostrarlo", una afirmación correcta en sí misma, pero que adquiere otra connotación cuando la auditoría se anuncia junto al "Plan Escudo Fronterizo" y fue promovida en campaña como mecanismo para cuestionar a la administración Boric. El problema no es la auditoría; el problema es cuando la narrativa que la rodea transforma un instrumento técnico en arma de disputa partidaria.

Chile tiene la oportunidad de consolidar una auditoría interna gubernamental de estándar internacional. Esa oportunidad se aprovecha o se desperdicia según cómo se use en los próximos meses. Si el CAIGG y las unidades de auditoría interna de los distintos servicios operan con independencia y rigor metodológico, este proceso puede dejar una huella positiva. Si, en cambio, el Comité Estratégico de Auditoría termina siendo el escenario de revelaciones destinadas al ciclo noticioso más que a la corrección institucional, habremos dañado una función que Chile necesita sólida, independientemente de quien gobierne.

La auditoría interna es demasiado valiosa para convertirla en botín político. Quienes hoy conducen el país deberían saberlo.

Esteban Olivares

Académico Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información

Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile