Con incendios cada vez más rápidos en su inicio, expansión y destrucción, preocupa que la Ley de Prevención de Incendios aún no llegue a votación, tras casi dos años de tramitación, hoy en la Comisión de Hacienda del Senado, justo antes de la temporada 2025-2026.

En prevención se ha avanzado: sistemas tempranos de alerta, la ley que crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y moderniza la gestión del riesgo de desastres y contratos de extinción más robustos para temporadas sucesivas. Pero sin un marco específico para la interfaz rural-urbana seguimos reaccionando donde debiéramos planificar, superando brechas y advertencias levantadas por décadas de investigación académica.

Vemos que, a estas alturas, los desastres ya no son "naturales": sino socionaturales. No solo arde el territorio; faltan decisiones acertadas sobre dónde urbanizamos, cómo mantenemos (o abandonamos) los bordes, qué materialidades permitimos, qué pendientes ocupamos y cómo distribuimos responsabilidades. Con conocimiento científico disponible —modelos de amenaza, meteorología del fuego, cartografías de interfaz, criterios de manejo de combustibles y diseño urbano— sabemos dónde el riesgo se multiplica y qué medidas reducen exposición y vulnerabilidad. Lo que falta es traducir ese conocimiento en reglas exigibles y coordinadas.

En esa dirección, el proyecto de ley fortalece la coordinación entre municipios, comunidades, propietarios y empresas; sanciona quemas negligentes; e incorpora Zonas de Interfaz Urbano-Rural y Zonas de Amortiguación para ordenar franjas de manejo, accesos de emergencia y estándares mínimos en urbanizaciones expuestas. Es, en los hechos, pasar de la emergencia al ordenamiento: planificar la interfaz, definir obligaciones de mantención, resguardar la continuidad ecológica y asegurar la evacuación y operación.

Esto dialoga con la renovada Política Nacional de Desarrollo Territorial, que integra lo urbano y lo rural y reconoce su interdependencia: no hay "campo" sin ciudad, ni comuna segura si ignora sus bordes. Despachar la ley ahora es coherencia territorial, adaptación y protección de vidas, viviendas e infraestructura.

Alberto Texido

Arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU)

Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)