Émile Durkheim comparaba la sociedad con un organismo vivo: necesita mecanismos para reconocer y responder a aquello que la amenaza. En el cuerpo humano, esa tarea la cumple el sistema inmunológico; reacciona frente a la enfermedad no porque sea excepcional, sino porque, por muy indeseable que sea, es normal. El dolor o la inflamación no son fallas: son señales de que algo está siendo detectado y enfrentado.
Visto así, el delito no es una anomalía, sino una constante de la vida social. Lo importante no es que exista, sino cómo reaccionamos frente a él. Al condenar una conducta, no solo sancionamos a quien la comete; reafirmamos los límites de lo que consideramos inaceptable como comunidad. En comunidades pequeñas, este proceso suele ser claro; hoy, la conciencia colectiva está fragmentada. Vivimos en sociedades diversas, con valores que no siempre coinciden pero, al mismo tiempo, hiperconectadas. Las reacciones morales circulan con rapidez y fuerza que no conocen fronteras, y los desacuerdos no solo se hacen visibles, sino que se amplifican.
Esta tensión se hace evidente al observar la intervención de Estados Unidos en Venezuela. En gran parte del mundo, la reacción es indignación: ¿cómo puede un país intervenir de manera ilegal en la política interna de otro Estado soberano? Desde América Latina, la pregunta se invierte: frente a un régimen autoritario consolidado, una crisis humanitaria prolongada y millones de personas forzadas a migrar, ¿cómo es posible que nadie haya hecho nada antes? No es solo una diferencia de opinión; es una conciencia moral global dividida. Por un lado, se defiende la soberanía nacional como un principio irrenunciable; por otro, se apela a la obligación de intervenir ante el daño humano sistemático. Ambas posturas nacen de la indignación y ambas parecen legítimas.
El problema es que nuestro sistema inmunológico global (organismos internacionales como la ONU, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional) proclama proteger derechos fundamentales, pero prioriza el respeto absoluto por la soberanía. ¿Cuál es su razón de ser, si no es defender los derechos fundamentales frente a violaciones graves y persistentes? Esta tensión paraliza la acción, dejando a la conciencia global en un limbo peligroso. Hoy vemos cómo ese vacío lo ha ocupado un Estado soberano, interviniendo unilateralmente al asumir un rol que debería corresponder al sistema internacional.
En definitiva, la intervención de Estados Unidos en Venezuela nos enfrenta a algo mucho más profundo que el dilema sobre intervenir o no: nos pregunta si una sociedad global puede sostener una conciencia moral compartida cuando sus instituciones, que deberían ser su sistema inmunológico, no tienen poder real para actuar. Porque un cuerpo que reconoce el dolor, pero no responde, está destinado a morir.
María José del Solar
Faro UDD