Chile volvió a vivir una elección presidencial en un escenario completamente distinto. Por primera vez desde que regresó el voto obligatorio, más de 15,6 millones de personas estaban habilitadas para sufragar. El resultado sorprendió: una participación del 85,4%, algo que no habíamos visto en décadas. Pero, lejos de despejar dudas, esta masiva concurrencia terminó mostrando un país más diverso, más impredecible y mucho menos uniforme de lo que muchos en la élite política imaginaban.
El retorno del voto obligatorio no fue casual. Durante diez años, el voto voluntario siguió una tendencia clara: mientras el padrón aumentaba, la participación caía. La inscripción automática sumó millones de personas, pero el interés por votar no creció al mismo ritmo. Frente a eso, en 2022 el Congreso y el Ejecutivo decidieron volver a la obligatoriedad. El objetivo era evidente: mejorar la participación y, con ello, la representatividad. Y sí, esa meta se cumplió. Pero junto a ese avance numérico apareció un cambio más profundo que aún estamos intentando entender.
La llegada de tantos nuevos votantes —la mayoría sin contacto con partidos, desconfiados de las instituciones y socializados políticamente a través de redes fragmentadas— transformó el acto de votar. No estamos frente al antiguo elector obligatorio, ese votante más estable y predecible. Este nuevo electorado es más móvil, menos ideologizado, menos paciente y más sensible a los climas de época. Los resultados recientes lo muestran: lo que ocurre entre primera y segunda vuelta ya no sigue patrones consistentes, sino que responde más a emociones que a fidelidades políticas duraderas.
En este escenario, uno de los grandes golpeados fueron las encuestas. La obligatoriedad del voto no solo amplió el universo de votantes; lo hizo más diverso y mucho más difícil de capturar en una muestra. Las encuestadoras fallaron porque sus modelos no lograron incorporar el comportamiento de quienes prácticamente nunca habían votado. Se tensionaron los supuestos de participación, los ajustes estadísticos y las categorías con las que solemos analizar la política chilena. La brecha entre lo proyectado y lo que dijeron las urnas fue demasiado evidente.
Pero reducir todo a un error técnico sería quedarnos cortos. El voto obligatorio dejó ver problemas más profundos: una educación cívica débil, una creciente desconfianza hacia los medios tradicionales, un ecosistema informativo cada vez más emocional y fragmentado, y un Estado que aún no logra establecer un vínculo claro y cercano con la ciudadanía. La alta participación, por sí sola, no garantiza una democracia más fuerte.
Hoy el país tiene una oportunidad. La obligatoriedad del voto puede ser el inicio de una nueva relación entre ciudadanía e instituciones, siempre que no nos quedemos en el cumplimiento de la ley y avancemos hacia una cultura cívica más viva y consciente. Modernizar la información electoral, reforzar la formación ciudadana y revisar la arquitectura del sistema —incluyendo el rol del Servel y los mecanismos de fiscalización— serán pasos inevitables.
La enseñanza que nos deja este proceso es simple: la democracia no se sostiene solo con votos, sino con vínculos. Y en este momento, más que nunca, Chile necesita reconstruir un tejido social vinculante.
Felipe Garrido Vera
Administrador Público mención Ciencia Política UdeC
Magister Ciencia Política UC, Magister Educación UST
Jefe de carrera Trabajo Social UST Los Ángeles