En el debate sobre seguridad pública y justicia penal, solemos concentrarnos en las sanciones, los delitos y la necesidad de endurecer las penas. Sin embargo, rara vez ponemos el foco donde realmente se juega el futuro de nuestra convivencia: en la reinserción social. En ese contexto, los Centros de Apoyo para la Integración Social (CAIS) de Gendarmería de Chile cumplen un rol que, aunque poco visible, es esencial para construir una sociedad más segura, humana y cohesionada.

Si hablamos en cifras, hoy más de 64.000 personas están privadas de libertad en un sistema diseñado para 42.000 cupos, lo que significa un 146,8% de ocupación (Gendarmería de Chile, 2025). A eso se suman otras 90.000 personas que son atendidas por la institución en el medio libre.

Los CAIS acompañan a personas que han cumplido condenas, han sido beneficiadas con libertad condicional o han recibido un indulto. Su propósito es ofrecerles apoyo psicosocial, orientación laboral y seguimiento administrativo, con el fin de que puedan reconstruir sus vidas dentro de la legalidad. No se trata solo de un servicio asistencial, sino de una política pública de prevención del delito a largo plazo, que entiende que la exclusión social es una de las principales causas de reincidencia.

En términos económicos, Chile invierte un 1,9% del PIB en seguridad —incluyendo policías, justicia y prisiones—, mientras que el costo total del delito, considerando gasto público y privado, asciende al 2,1% del PIB (Balmaceda, Hernández y Alfaro, 2024). A pesar de este enorme gasto, la delincuencia se mantiene alta y la sensación de inseguridad no disminuye.

Desde mi ejercicio profesional en Los Ángeles, he visto de cerca las dificultades que enfrentan quienes intentan reinsertarse: la desconfianza del entorno, la falta de oportunidades laborales, la escasez de redes de apoyo y, muchas veces, el estigma social que los persigue incluso después de haber pagado su deuda con la justicia. En ese escenario, el trabajo que realizan los equipos interdisciplinarios de los CAIS —compuestos por trabajadores sociales, psicólogos y funcionarios de Gendarmería— se vuelve un verdadero puente entre el pasado y una nueva oportunidad.

Invertir en reinserción no es un acto de indulgencia; es una decisión inteligente desde el punto de vista social y económico. Cada persona que logra reinsertarse con éxito es una historia de esperanza, pero también una reducción en los índices de reincidencia, un alivio al sistema penitenciario y, sobre todo, una contribución a la seguridad ciudadana que tanto demandamos.

Chile no puede aspirar a una justicia moderna si no es capaz de ofrecer caminos reales de integración a quienes, por distintas circunstancias, quedaron al margen. En ese sentido, fortalecer los CAIS —con más recursos, personal y coordinación con el sector privado y las municipalidades— debe ser una prioridad de Estado.

La verdadera justicia no se mide por la cantidad de personas que están tras las rejas, sino por la cantidad de vidas que logramos recuperar para la comunidad.

Nicolás Arismendi

Socio fundador del Estudio Jurídico Díaz y Arismendi