Los retiros de fondos de pensiones fueron una válvula de escape rápida durante la pandemia, pero su costo intertemporal ha sido enorme. Cinco años después, sus huellas siguen visibles en la economía y en los bolsillos de las familias. Fue una política con efectos inmediatos, pero con consecuencias duraderas, casi estructurales. Tal como una droga, generó dependencia en parte de la clase política y en algunos cotizantes, que aún hoy defienden una medida que debilitó el corazón del sistema financiero chileno.

La magnitud fue significativa: se retiraron cerca de US$50.000 millones del ahorro previsional. Ese flujo redujo la oferta de financiamiento de largo plazo, elevó las primas por riesgo y desancló las tasas de interés. Un hogar pudo pagar deudas urgentes en 2021, pero el país perdió el "colchón" de ahorro que mantenía tasas bajas y crédito abundante.

El impacto se reflejó de inmediato en el mercado hipotecario. Entre 2012 y 2019, cuando los activos previsionales pasaron de 58% a 83% del PIB, las tasas reales rondaban el 2%. Tras los retiros, y en medio de la incertidumbre política, los créditos hipotecarios subieron cerca de 180 puntos base. Esa diferencia excluyó a miles de potenciales compradores y encareció los arriendos al frenar la construcción y la oferta habitacional.

La normalización será lenta. Estudios recientes indican que por cada 10 puntos porcentuales adicionales en activos previsionales, la tasa hipotecaria cae cerca de 60 puntos base en un año. En palabras más simples, recuperar el stock de ahorro tomará una década, y recién hacia 2035-2037 podríamos volver a tasas cercanas al 2%.

El crédito a empresas también se encareció y acortó plazos. Las pymes, que financian capital de trabajo en el mercado local, enfrentan hoy mayores spreads y condiciones más restrictivas. Un pequeño restaurante posterga su ampliación; una firma de servicios detiene una contratación. La restricción crediticia se traduce en menos inversión y menos empleo.

A esto se sumó la inflación, el efecto más regresivo de todos. Los retiros inyectaron liquidez y adelantaron consumo justo cuando la oferta estaba contraída. La inflación llegó a dos dígitos —con un peak de casi 14% en 2022— y el Banco Central debió subir la tasa de política monetaria sobre el 11%. Para los hogares más pobres, cuyo ingreso se destina casi íntegramente a alimentos y transporte, esa inflación operó como un impuesto silencioso: redujo su salario real sin posibilidad de defensa.

El daño previsional completa el cuadro. Quienes retiraron fondos redujeron su capital acumulado para la jubilación. Recuperarlo exige más años de cotización o aceptar pensiones futuras más bajas. La paradoja es cruel: los que más necesitaron liquidez fueron los que menos podrán reponerla, generando una desigualdad previsional persistente.

La lección es evidente. En tiempos de crisis, liquidar el ahorro previsional no es política social; es una medida desesperada con efectos colaterales profundos. La alternativa pasa por apoyos fiscales focalizados, crédito estatal transitorio y seguros sociales que protejan ingresos sin erosionar el sistema financiero. Lo instantáneo alivió, pero lo estructural dañó. Y ese daño, cinco años después, se siente en el dividendo, en el arriendo, en el supermercado y, finalmente, en la pensión.

Roger Sepúlveda

Rector de Universidad Santo Tomás Concepción y Los Ángeles