La explosión de acusaciones constitucionales en los últimos gobiernos ha dificultado establecer el verdadero mérito o pertinencia de cada una. De hecho, si se presenta una en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, se superaría incluso el récord de acusaciones de la oposición contra el gobierno del expresidente Piñera. Pero ¿por qué esta nueva acusación se justifica?
Acusar constitucionalmente a un exministro de Energía es inusual. Este mecanismo suele ser utilizado contra carteras ministeriales más políticas y visibles como Interior, Salud o Educación. Energía supervisa un sector extremadamente técnico y eso complejiza establecer responsabilidades políticas. En términos simples, la causal para una acusación consiste en determinar si el exministro incumplió la Constitución o las leyes o dejó estas sin ejecución. Para estos efectos, su renuncia no tiene relevancia.
Sin embargo, pese a que el escándalo que provocó la renuncia de Pardow fue por el error en el cálculo de las tarifas eléctricas, existe un hecho previo y de su responsabilidad que pudo provocar un impacto mayor en el sobrecosto que pagarán los consumidores. Y para peor, este hecho grave pasó casi desapercibido en su momento.
En efecto, cuando se intentó descongelar la tarifa mediante la Ley N°21.472 en agosto de 2022 (PEC II), esta normativa ordenó al Ministerio de Energía promulgar decretos para actualizar el precio, evitando así que los clientes acumulen más deuda con las generadoras eléctricas. Algunos de estos decretos, que debían publicarse 90 días después de publicada la ley, se retrasaron más de 9 meses y otros aún más.
Esta demora en la práctica implicó un nuevo congelamiento del precio y aumentó la brecha entre el costo real de generación y lo que pagaban los clientes. La omisión en promulgar esos decretos fue negligente y sus consecuencias, graves. Es decir, el exministro dejó sin ejecutar una ley, incurriendo así en la causal de acusación constitucional. El Congreso pudo haberlo acusado mucho antes.
¿Por qué no se hizo valer esa responsabilidad? El exministro acudió a negociar con la Comisión de Minería y Energía del Senado para solucionar el problema creado, en parte, por su incumplimiento. Fruto de ello, se acordó una nueva ley promulgada en abril de 2024 (N°21.667), que en su presentación reconocía el retraso y establecía nuevos plazos. Sin embargo, con los antecedentes conocidos, la eventual acusación no debería centrarse solo en el error de cálculo reciente, sino también en aquellas omisiones graves de 2023.
Para el ministro, el costo personal podría ser alto: la sanción de cinco años sin ejercer funciones públicas afectará incluso su trabajo como profesor en la Universidad de Chile. Si la Cámara aprueba la acusación, al Senado le corresponderá decidir si ese costo es menor al que enfrentarán las familias chilenas, que seguirán viendo cómo aumentan sus cuentas de luz.
Raúl Opazo Fuentes
Investigador asociado de Faro UDD