El martes la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto que elimina la entrada en vigencia de nuevos requisitos para estudiar pedagogía, terminando así con el consenso transversal del año 2016 que versaba sobre la necesidad de hacer de la profesión docente una labor atractiva y selectiva. Sin este proyecto, para el año 2026 cualquier postulante debía obtener al menos 626 puntos PAES.

Hay varios elementos de esta discusión, de forma y fondo, que dan cuenta de la ligereza con que se ha abordado este asunto, a pesar de su enorme relevancia. En menos de dos meses cientos de miles de estudiantes rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior, sin tener certeza alguna de los requisitos que se les exigirán si deciden estudiar pedagogía.

Esa incerteza constituye una contradicción evidente con el fin de atraer a más y mejores postulantes a carreras de pedagogía. No hay justificación para la falta de celeridad y la displicencia del Congreso para abordar el asunto a última hora, considerando que desde hace años se conocía la entrada en vigencia de la ley a partir de 2026. Todos los estudiantes tienen certidumbre respecto de la oferta académica universitaria y los requisitos exigidos por el Sistema Único de Admisión, menos los que quieran ser profesores.

Pero los problemas de fondo del proyecto son otros. En un contexto de baja valoración social de la pedagogía, alta deserción docente, disminución de matrículas y bajos sueldos, recuperar el prestigio del profesorado es urgente. Sin ello la posibilidad de volverla selectiva se vuelve escasa. ¿Cómo relevar la tarea educativa si los criterios de admisión son mínimos? Los países que construyeron los mejores sistemas educativos del mundo entendieron rápidamente la centralidad de sus profesores y, en consecuencia, establecieron procesos de selección altamente competitivos. No solo se exigen conocimientos mínimos, sino también se miden sus habilidades pedagógicas, a través de entrevistas, ensayos e inspecciones a sus expedientes escolares.

Por otro lado, el proyecto deja en manos de un "Comité Técnico", conformado por rectores de universidades, la decisión de establecer nuevos requisitos en los procesos de admisión siguientes. No es sorpresa que los principales interesados en disminuirlos y hacer sostenible su oferta académica (que enfrenta graves problemas de cobertura de cupos) son justamente las universidades. A pesar de que se aprobaron indicaciones para hacer parte del proceso al CNED, el mecanismo no promueve ni garantiza la pluralidad de opiniones que existe entre expertos.

Con todo, hubiese sido razonable una disminución de menor magnitud en los requisitos si se comprometía paralelamente una batería de propuestas sustantivas y estructurales. Las medidas anunciadas hasta ahora, incluido el Plan Nacional Docente, representan medidas meramente paliativas que en ningún caso tendrán un efecto significativo para sacar a la pedagogía de la crisis en la que se encuentra.

Kevin Canales García

Director regional

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