La semana pasada se suspendió la consulta indígena que buscaba establecer un nuevo sistema de tierras, propuesta que constituía una de las recomendaciones más importantes del informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Si bien estamos ante una decisión legítima desde el punto de vista procedimental —puesto que se contempla en el reglamento—, esta aplicación no debería leerse como un mero "traspié administrativo" o una simple decisión jurídica. Constituye, en realidad, la consumación de un fracaso. ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno?

La respuesta a esta pregunta se explica en dos sentidos: la falta de prudencia sobre cómo administraron el informe final y luego, su incomprensión ante el escenario político, agravado por los "oídos sordos" frente a las críticas.

Sobre el "mal manejo", esta impericia estuvo condicionada por la salida apresurada e irresponsable de Víctor Ramos, quien al final del proceso abandonó la Secretaría General de la Comisión por asumir la Subsecretaría del Interior. Falta de visión frente a un fenómeno sensible que requería de la máxima coherencia. Otra hipótesis podría ser que la vacante era demasiado importante como para que no fuese ocupada por alguien del Frente Amplio.

Si bien nunca fue un experto ni estudioso de los asuntos indígenas, lo que ya significaba una dificultad desde el inicio del proceso, al menos la curva de aprendizaje hizo que Ramos adquiriese mayor perspectiva del problema. Empero, contrario a lo que se esperaría de quien, solo el azar le habría dado la oportunidad de colaborar a la resolución de un conflicto histórico, finalmente optó por dar un paso al costado. ¿Su reemplazo? Fabián Salas: abogado, "amigo de todos", instructor de yoga y excandidato a concejal por Las Condes. De escoger a alguien a la altura del desafío, ni pensar.

Durante este periodo de cambios ¿estratégicos? la continuidad de la comisión se vio alterada y el informe no se socializó seriamente como se debía ante comunidades mapuche. Después, y sin dejar en claro el contenido ¿Salas? pensó —o pensaron— que sería buena idea iniciar con la consulta. Huelga decir que tampoco estaba muy clara la metodología que querían implementar.

Por otra parte, y con todo lo que se ha señalado, tampoco consideraron el contexto político: un clima electoral polarizado donde nadie quiere discutir acerca del tema por el costo que eso supone. Y no solo eso. Se les advirtió que sería así: dirigentes, comunidades, académicos, entre otros. Pero el mandato debía continuar ¿Ramos y Salas no escucharon?

Sin embargo, este malogro delimita una hoja de ruta para el próximo gobierno. Pese al importante trabajo de la Comisión, la suspensión de la consulta oscurece el panorama y hace cada vez más complejo que se pueda avanzar con las recomendaciones del informe. Y es justamente esta inviabilidad una posibilidad: abandonar procesos grandilocuentes —no más comisiones—, preguntarse sobre cómo desengrasar la oferta institucional vigente, partiendo por la Conadi, atraer personas que sepan del tema y reconstruir progresivamente las confianzas pensando en el futuro.

Jorge Cordero

Faro UDD