"Ejércitos digitales", "sicarios virtuales", "bandas", "terrorismo comunicacional": estos apelativos han aparecido en el debate público reciente para describir cuentas anónimas que supuestamente se dedican a injuriar en redes sociales. Sin embargo, este lenguaje desproporcionado parece llevar implícita la justificación de una agenda más amplia de restricciones a las libertades digitales y de expresión en nuestro país.

De hecho, un grupo de parlamentarios anunció medidas legislativas para regular la información en internet y limitar el anonimato. Esto es preocupante, dado que actualmente Chile ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el índice "Libertad en la Red" de Freedom House, por encima de países como Brasil (parcialmente libre) o Cuba (sin libertad de internet). Justamente, esa medición internacional considera la introducción de leyes que restringen el anonimato online como una forma de lesionar la libertad digital.

Históricamente, el anonimato ha estado al servicio de una versión robusta de la libertad de expresión. Es famoso el uso de pseudónimos para la publicación de obras clave del liberalismo, como El Federalista. Un caso menos conocido es el de la Venecia del siglo XVIII, cuya vida pública se desenvolvía casi completamente enmascarada. Según el historiador James H. Johnson, esta "máscara honesta" era inicialmente carnavalesca, pero pasó a ser usada ampliamente por dos razones principales: igualaba en una sociedad profundamente desigual y protegía de la creciente censura estatal.

En la actualidad también hay razones válidas para usar una "máscara honesta" en el espacio digital. Una crucial son las fluctuaciones de la llamada "ventana de Overton" —el discurso políticamente aceptable en un momento determinado—. Esta ventana puede estrecharse significativamente en períodos de alta intolerancia, como ocurre con el auge de la cultura de la cancelación o de persecución estatal. Así, es vital preservar espacios en los que los ciudadanos se puedan expresar sin temor a represalias resguardando su identidad.

Por otro lado, es perfectamente compatible promover un debate político fundado en razones y no en descalificaciones, mientras se defiende una libertad de expresión que tolere el derecho a ofender. Lo que se considera "odio" o "contenido ofensivo" es altamente subjetivo; por tanto, la libertad de expresión no puede estar limitada por las susceptibilidades individuales. Bastaría que alguien tenga una visión muy expansiva de lo que lo ofende para que la libertad de todos se vea severamente restringida.

Chile debe evitar caer en la tentación autoritaria de países como el Reino Unido, que en 2023 arrestó a más de 12.000 personas por publicaciones consideradas ofensivas (The Times); o de Alemania, que ha procesado a gente por memes (caso Bendels). Una cultura intolerante inhibe el libre examen de hechos y opiniones, precisamente cuando este escrutinio constituye el mejor remedio contra los errores y la desinformación. Proteger el anonimato digital no es defender a quienes injurian, sino preservar un espacio donde incluso las ideas impopulares se pueden expresar y evaluar en su justo mérito.

Raúl Opazo Fuentes

Investigador asociado de Faro UDD