En mi ejercicio profesional he sido testigo de cómo las personas han adoptado con preocupante liviandad esta cultura de autotutela mediante las "funas": tomar la justicia por mano propia, sometiendo al "acusado" al escarnio público sin juicio justo ni debido proceso.

Estas publicaciones acusatorias en redes sociales se han convertido en la sanción predilecta de nuestro tiempo. Exponer personas al oprobio público refleja una comprensión distorsionada de la justicia, una cultura vengativa que nos retrotrae a la ley del talión y a épocas primitivas donde primaba la fuerza bruta por sobre la razón. La diferencia es que hoy la fortaleza se mide en seguidores, likes y retuits: como en cualquier western digital, quien tiene más "posse" virtual gana el duelo.

Filosóficamente, esto contradice los principios que fundaron nuestro estado de derecho. Como denunciaba Voltaire en el Tratado sobre la tolerancia, la justicia que condena sin motivos es una forma execrable de tiranía. El derecho moderno evolucionó precisamente para superar esta barbarie, estableciendo garantías procesales que protegen tanto a culpables como inocentes del poder destructivo de las masas.

Recientemente presenté un recurso de protección defendiendo a una empresa de nuestra comuna atacada por un individuo que, buscando notoriedad en redes sociales, comenzó a vilipendiar su imagen comercial. Sin que la acusada tuviera oportunidad de aclarar los hechos o presentar su versión, la empresa fue sometida a un linchamiento mediático que afectó no solo su prestigio, sino también a trabajadores y colaboradores que enfrentan con temor una sociedad que los estigmatiza sin fundamento.

Por eso fue relevante el histórico fallo de la Corte Suprema de 2015 (Rol N° 12.873-2015) que reconoció expresamente que la honra de las personas jurídicas goza de protección constitucional. Si bien la libertad de expresión constituye un pilar democrático fundamental, esta no puede ejercerse en detrimento de quienes no pueden siquiera defenderse en el mismo ring.

Las "funas" representan una regresión hacia la justicia de masas, incompatible con el Estado de Derecho que tanto costó construir. Debemos reflexionar si queremos una sociedad donde rija la presunción de inocencia y el debido proceso, o si preferimos el salvaje oeste digital donde cualquiera puede destruir reputaciones con un simple clic.

En 1838, un joven Abraham Lincoln advertía que no existía agravio alguno que mereciera ser reparado por la ley de la turba. Casi dos siglos después, hemos logrado democratizar esta advertencia: ahora cualquier persona con conexión a internet puede constituirse en fiscal, juez y verdugo, todo desde la comodidad de su sofá.

¿Vaya progreso, no? Donde antes se requería formar una multitud enfurecida con antorchas y horcas, hoy basta un smartphone y la indignación moral del momento. La eficiencia es innegable, pero cabe preguntarse si esta evolución tecnológica de la barbarie representa verdaderamente el avance de civilidad que tanto celebramos, o si simplemente hemos perfeccionado el arte de destruir al prójimo sin mancharnos las manos.

Toda esta situación me recuerda el mensaje que dejaba la película "La Duda" (2008): hay heridas que no se curan con disculpas tardías. Cuando la Hermana Aloysius (Meryl Streep) planta sus sospechas sobre el Padre Flynn (Philip Seymour Hoffman), el daño ya está consumado, sin importar si las acusaciones eran fundadas o no. El veneno de la duda se propaga con una velocidad que ninguna posterior reivindicación puede detener. Así operan las funas: el daño a la reputación, el impacto económico, el estrés de los trabajadores, el temor de los colaboradores y hasta las inseguridades de los compradores se materializan al instante, mientras que la verdad —cuando finalmente emerge— llega siempre demasiado tarde para reparar lo irreparable.

Ociel Rubilar Vallejos

Abogado

Magíster en Derecho Laboral

Director de Control de la Municipalidad de Quilleco