Ad portas de las elecciones parlamentarias y presidenciales, los diputados oficialistas rechazaron establecer sanciones en torno al voto obligatorio.  Sin multa, la supuesta obligatoriedad quedaría en el papel. Esto supone debilitar la fuerza normativa del mandato constitucional de 2023. ¿Qué reflexiones se podrían hacer al respecto? Me gustaría plantear dos.

La primera y quizás más evidente, pero que bien cabe repetir. Ninguna democracia que se considere razonable modifica aspectos centrales del sistema electoral a semanas de una elección. La falta de sanciones respecto a ciertos comportamientos mínimos erosiona la credibilidad de la democracia representativa: si las normas no tienen mecanismos de cumplimiento, se vacía su legitimidad. Esto se agrava en momentos donde la reputación de la clase política se encuentra por los suelos. En otras palabras: no incorporar sanción al voto obligatorio afecta nuestra imagen país.

La segunda y que, a mi juicio, amerita una reflexión más distendida, sobre cómo quedaría la imagen del gobierno y las izquierdas frente a la ciudadanía. La falta de compromiso del Ejecutivo con incorporar multas ante escenarios electorales desfavorables es tal, que no fueron capaces, si quiera, de poner urgencia ni enviar representantes durante la tramitación más importante en comisión. En ese sentido, bien se podría establecer que el oficialismo juega tácticamente con la participación electoral, lo que abre sospechas legítimas de intervencionismo. Lo más grave es que esta conducta —de alterar las reglas ad portas de procesos electorales— pareciera no ser un hecho aislado. Por ejemplo, en 2024 con la ley 21.693, donde decidieron dividir las elecciones municipales en dos días.

Para las izquierdas este dilema debería generar preocupación. Se muestran como si temieran a la participación popular, al erosionar su propio discurso democrático. Similar a los planteamientos del Despotismo Ilustrado: "todo para el pueblo, pero sin el pueblo".

Frente a lo señalado, bien cabe recordar la posición política de Ricardo Lagos, cuando debió enfrentar rumores de que su gobierno podría modificar la Constitución para permitir su reelección. En un encuentro con microempresarios, Lagos descartó categóricamente cualquier intención de alterar las normas en beneficio propio y advirtió que cambiar las reglas electorales de manera coyuntural era una falta de "ética pública" y un irrespeto a la investidura presidencial. Subrayó que las normas solo debían ajustarse pensando en quienes vendrán después, nunca en favor de quienes detentan el poder. Hoy, a semanas de elecciones cruciales, el gobierno y los parlamentarios oficialistas parecieran olvidar esta lección.

En definitiva, el voto obligatorio sin multa se convierte en el reflejo perfecto de la situación en la que se encuentra el oficialismo: grandes anuncios que se desinflan en la implementación. Al renunciar a las sanciones, el oficialismo no solo debilita una herramienta que podría fortalecer la representatividad democrática, sino que confirma una percepción cada vez más extendida: que, para esta nueva izquierda, las reglas se ajustan según la conveniencia electoral, no según principios democráticos.

Jorge Cordero

Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales, Faro UDD