Si existe algún personaje que ha dado que hablar en el ámbito público durante este 2025, seguramente es Dorothy Pérez, nuestra Contralora Nacional. La primera mujer en asumir este cargo en los casi 100 años de existencia de este órgano público. Sin embargo, a la luz de los hechos, este hito histórico no es lo que más sorprende o genera debate, sino su trabajo notable y directo: el desempeño de una funcionaria pública de otra estirpe, de otro temple.

Esta transformación cobra especial relevancia en una posición tan crucial para la gestión pública. No solo porque se trate del Estado, sino porque bajo su responsabilidad recae la fiscalización del debido ingreso e inversión de los recursos públicos. En otras palabras: nuestro dinero, el dinero de todos los chilenos.

Es un secreto a voces que el aparato burocrático estatal se ha transformado, de un tiempo a esta parte, en una suerte de "botarate" de recursos. Como si nada importara. Como si nadie pusiera el debido celo sobre un dinero que no es propio, sino de otros. Nuestro dinero. En este contexto, el perfil de la Contralora emerge como una suerte de quiebre institucional, una destructora de paradigmas. Fácilmente calificable de "super funcionaria" cuando, en realidad, ella simplemente se ha limitado a cumplir con el trabajo que se le encomienda por ley a la Contraloría General de la República.

Según las normas de control internacional (COSO, INTOSAI), recogidas en el decreto 1962 de 2022, la Contraloría constituye apenas la cuarta línea de control. Las líneas primera, segunda y tercera —compuestas por las altas direcciones y jefaturas, los funcionarios de base y las auditorías internas, respectivamente— aparentemente no existen o funcionan de manera deficiente. La Contralora no ejerce su función con normas nuevas ni con facultades extraordinarias. Simplemente cumple con el trabajo encomendado, con lo que debería esperarse de un cargo de tal magnitud. Pero ante una ejecución pusilánime del cargo por parte de sus predecesores, parece un ser especial dotado de un rigor moral superior al común de los mortales.

La verdad es más sencilla: solo basta estar dispuesto a cumplir con el rol asignado. Eso sí, asumiendo costos bastante álgidos para quien carezca de carácter, y enfrentando situaciones a menudo desmotivantes por el precio que conlleva "corregir" décadas de trabajo a medias, funcionarios mal acostumbrados, un control limitado por las coyunturas políticas, complaciente con el poder y tibio al momento de decidir.

Dorothy Pérez no es una super funcionaria. Simplemente, a diferencia de sus predecesores, sabe lo que hace. Tiene una carrera consolidada en la Contraloría, posee experiencia y conoce el terreno que pisa. Cuando algunos dirigentes gremiales han querido llevarla ante la OIT, lo único que han logrado es enaltecer su rigor como Contralora y quedar ante los ojos del país —y ahora del mundo— como actores quisquillosos que pretenden victimizarse. Intentan hacer pasar sus malas prácticas y costumbres viciadas por una legítima lucha organizada de los trabajadores y la sindicalización en Chile.

No es posible que ante la exigencia de un mínimo de probidad —como es no salir del país cuando se utiliza un subsidio por licencia médica— resulte un escándalo desproporcionado. Esto se explica porque el foco no está puesto en lo correcto o en el deber, sino en los intereses personales y particulares de ciertas organizaciones. Aquí radica su error más vergonzoso: precisamente la probidad, como principio rector de la función pública, consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal del cargo con preeminencia del interés general sobre el particular.

Dorothy Pérez no representa una anomalía del sistema. Representa lo que el sistema debería ser: funcionarios públicos que entienden que manejan recursos ajenos, que asumen la responsabilidad de su cargo con seriedad profesional y que anteponen el interés público a las conveniencias personales. Quizás el verdadero problema no sea que tengamos una "super funcionaria", sino que hemos normalizado la mediocridad en la gestión pública hasta el punto de que hacer bien el trabajo asignado nos parezca extraordinario.

Ociel Rubilar Vallejos.

Abogado

Magister en Derecho Laboral

Director de Control Municipalidad de Quilleco