Ad portas de la primera vuelta, la discusión entre los candidatos a la presidencia se ha concentrado particularmente en materias de crecimiento y seguridad. Entendible, dado que corresponden a las urgencias más evidentes de nuestro país. Sin embargo, hay otro problema que quizás no se ha abordado como corresponde y debería ser parte fundamental del debate presidencial: la reforma al sistema político. ¿Por qué debería serlo?

La razón es simple: proyección y gobernabilidad.

Sin niveles razonables de coordinación legislativa, llegar a la presidencia, por más frívolo que suene, podría ser un simple saludo a la bandera. Para gobernar se requiere, como condición necesaria, tener apoyo del Congreso o, al menos, instituciones formales que generen incentivos adecuados para la cooperación.

Por otra parte, aunque los problemas de seguridad y crecimiento sean las urgencias más evidentes, si los incentivos en la actividad legislativa están mal puestos, por más propuestas que se tengan, no se podrá avanzar con soluciones de largo plazo. De ello se sigue que los candidatos deberían tomar como una de sus propuestas esenciales el avance con una reforma de este tipo.

En ese sentido, desde hace varios meses se viene tramitando una propuesta en el Congreso. La discusión medular ha variado entre aplicar un umbral del 5% para reducir el número de partidos con representación parlamentaria y, por otra parte, buscar mecanismos que aseguren mayor disciplina en los legisladores: pérdida de escaño a los parlamentarios si renuncian una vez electos, restricciones para renunciar a comités legislativos, entre otros.

El gobierno, por su parte, también presentó su propio proyecto: propone aumentar los costos para crear un partido político, restringir el financiamiento solo a partidos con representación parlamentaria y aumentar las exigencias a los independientes. Asimismo, se incluyeron mecanismos para asegurar mayor disciplina partidaria: legalizar y reforzar el rol de los Comités Parlamentarios, establecer que todo parlamentario deberá integrarse y permanecer en un comité —en la misma lógica que el Senado—, y finalmente crear la figura de un Jefe de Comité con atribuciones internas.

Aunque ambas propuestas siguen en discusión, se ve poco viable que se aprueben en la Cámara de Diputados, dado que iría en perjuicio de muchos legisladores en ejercicio que irán a la reelección. Es decir, lo más probable es que la rechacen para no perder las ventajas que tienen como producto de las deficiencias actuales en el sistema político.

Es justamente aquí donde la mirada del debate presidencial puede ayudar a encauzar esta discusión. Este impacto podría entenderse en tres niveles. Primero, poner presión y sentido de urgencia a aquellos parlamentarios que evitan discutir la reforma del sistema político; segundo, incorporar nuevas propuestas que podrían sumarse al debate legislativo que, pese al pesimismo en torno a su rechazo, todavía mantiene su curso; y tercero, siendo la más importante, asegurar a la ciudadanía que la reforma seguirá siendo motivo de discusión en un próximo gobierno.

Sin reforma política, no habrá gobernabilidad ni capacidad real de acción para quien resulte electo, por lo mismo es un deber que los candidatos lo internalicen y propongan posibles soluciones.

Jorge Cordero

Faro UDD