Es fácil asociar la proliferación del delito, la inseguridad y la violencia con el abandono escolar. Jóvenes y adolescentes desencantados con el sistema educativo son utilizados por el crimen organizado y la delincuencia común para participar en portonazos, encerronas y toda clase de delitos violentos. Su corta edad y la inimputabilidad que esta implica incentivan esta perversa utilización por parte de adultos que deberían ser severamente sancionados por esta conducta.
Pero poco se habla de lo benéficos que son los esfuerzos destinados a evitar el abandono escolar, fortalecer los programas de reingreso educativo y favorecer los comportamientos prosociales en las escuelas.
Tampoco es tema conocido y del que se hable en los medios de comunicación cuáles son los costos de implementar dispositivos de reingreso educativo en comparación con los presupuestos involucrados en la persecución del delito y la reinserción social.
Por eso resulta importante detallar algunos de los dispositivos existentes para la reinserción educativa: escuelas de reingreso, aulas de reingreso y programas socioeducativos.
Las escuelas de reingreso son establecimientos de educación formal, cuyos equipos multidisciplinarios ofrecen una enseñanza flexible y personalizada, así como acompañamiento socioemocional de jóvenes que han estado al menos dos años fuera del sistema escolar. Entregan, además, formación de oficios y exploración sociolaboral.
Las aulas de reingreso replican el modelo anterior a menor escala, instalando en establecimientos regulares estas aulas especializadas, que buscan ser un mecanismo de transición y reincorporación al sistema para estudiantes que han estado fuera del sistema educativo por más de un año.
Los programas socioeducativos corresponden a espacios de educación no formal dedicados a reparar las experiencias educativas traumáticas de niños, niñas y jóvenes marginados del sistema, y prepararlos para su eventual reingreso a la educación formal o para su incorporación al mercado laboral. Se centran en un perfil de estudiantes que ha estado expuesto a vulneraciones graves de derecho y está muy alejado de las dinámicas escolares.
Estos dispositivos existen hoy en diferentes partes del país, gracias al esfuerzo de organismos públicos —servicios locales de educación y municipios— y de iniciativas privadas como Fundación Súmate, pero no tienen la cobertura requerida para abordar el tamaño del problema. Se estima que cada año son cerca de 50.000 jóvenes los que abandonan sus estudios y los esfuerzos de revinculación logran que solo uno de cada tres estudiantes retorne al sistema.
Por supuesto, el financiamiento es absolutamente insuficiente. En el mejor de los casos y, mientras no se legisle para otorgarle financiamiento a la modalidad de reingreso, un establecimiento podría recibir una subvención mensual del orden de $100.000 —la subvención otorgada para la educación de jóvenes y adultos— para entregar la educación especializada descrita en párrafos anteriores. El costo real, sin embargo, asciende a casi $300.000 mensuales para una escuela de reingreso; $200.000 para un aula de reingreso; $130.000 para un programa socioeducativo.
El reingreso es caro. Pero el Estado gasta cerca de $9.000 millones anuales en diferentes programas de prevención del delito —Calle Segura, Denuncia Segura, Programa Lazo—, con resultados, al menos, discutibles. Los dispositivos de reingreso educativo no solo son eficientes en términos de costos, sino que ayudan a proteger la trayectoria educativa de niños y jóvenes, proporcionándoles ambientes educativos seguros, y logran prevenir conductas de riesgo, potenciar sus habilidades y desarrollar en ellos conductas prosociales.
Prosocial es lo opuesto a antisocial. Cultivar esas conductas entre los niños, niñas y adolescentes más vulnerables debería ser el mayor empeño de un próximo gobierno para disminuir la delincuencia y fortalecer el rol protector de la educación.
Paula Montes
Directora ejecutiva
Fundación Súmate