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La Tribuna
Columnista

Seguridad pública: "Crimen organizado y drogas al interior del Estado, basta de hacerse los tontos"

Jorge Contreras Blümel

Consultor y docente en Seguridad Pública Ciudadana
@contrerasblumel

por Jorge Contreras Blümel

Las últimas semanas han estado marcadas por diferentes hechos delictuales que no hubiésemos querido escuchar y que provocan en la ciudadanía una gran desconfianza sobre las instituciones y su rol preventivo en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Hablemos un poco del nuevo tipo de crimen organizado que hoy nos golpea. El antiguo criminal y narco era un personaje que disfrutaba de la farándula y la sobreexposición, haciendo ostentación de su riqueza, poder y marcando claramente el territorio que controlaba. En algunos casos, como los "capos" colombianos y los mexicanos, ocupaban extensos territorios y conquistaban a los vecinos con regalías y pagos por su silencio. El actual líder del crimen organizado ha decidido "ampliar su giro de negocios" y actuar ocupando numerosas otras herramientas delictuales para hacerse fuerte en el territorio.

En el hoy, las bandas por todos conocidas actúan bajo un liderazgo de bajo perfil comunicacional, prefieren estar ocultos, vivir en condominios comunes y que sus rostros y lujos no estén a la vista de todos. Buscan organizar células y ramificaciones de sus bandas y no estar necesariamente presentes en los lugares físicos donde se efectúan sus operaciones. Su actuar a distancia ha creado verdaderas franquicias delictuales que, aprovechando la reputación de sus nombres originales, hacen extensivo su acción vía la figura de brazos armados y células, infundiendo el temor que genera su llegada a regiones y países como el nuestro, que disfrutaban y miraban desde lejos estos fenómenos.

Lo que antes veíamos como un solo rubro de delitos, hoy se ha extendido a numerosos otros y muy especializados. Ejemplos de ello son la extorsión, el sicariato, la trata de personas y explotación infantil. Cada uno de ellos tiene, en la mayoría de los casos, un mismo líder que contrata desde el extranjero a sus sicarios y les dispone la comisión de delitos en varias fronteras alejadas de su centro de operaciones.

El derrotero histórico de estos fenómenos proviene de bandas venezolanas, brasileñas, ecuatorianas y su denominador común es que surgieron desde las cárceles. En ellas se incuban diferentes métodos de corrupción a gendarmes y jueces, para poder mantenerse juntos en la misma cárcel, conseguir privilegios, medios de comunicación y disponer de una u otra manera la comisión de delitos por medio de sus jefes locales. La cultura del crimen organizado también nos demuestra que una vez capturado, no implica en nada el cese de su liderazgo criminal.

La forma de mantener el control del territorio del crimen organizado implica también un grado de control de las instituciones que están a cargo de la prevención, combate y persecución del delito. Esta incitación a la corrupción es una necesidad imperiosa para sus organizaciones y en este sentido, en Chile hemos visto a la fiscalía, policías, fuerzas armadas y funcionarios de todo tipo, inclusive en los ministerios del gobierno central, contaminados y tentados a delinquir, debido a las altas sumas de dinero involucradas en el tráfico de drogas, influencias, pagos de favores y muchas veces que un funcionario se equivoque en un documento, lo envíe tarde o errado para favorecer a una cadena de ilícitos que se están cometiendo.

Que miembros de la Fuerza Aérea y el Ejército se vean involucrados en estos hechos, hace que nos demos cuenta de que estas bandas no tienen límite en cuanto a sus redes y también su imaginación. Vehículos militares y vuelos institucionales implican muchos meses de preparación, acercamiento previo, conversaciones y coordinaciones para ejecutar este tipo de tráfico. En mi parecer, lo de las FFAA son casos aislados y aunque han sido descubiertos internamente, da cuenta que los controles llegaron tarde y que los equipos de contrainteligencia deben reforzarse y actuar con mayor prontitud. Algo sí puedo decir, que estas instituciones mantienen permanentes controles sobre sus funcionarios y están adecuadamente dotadas de equipos de control. Además, el ingreso a sus filas exige una seria revisión de antecedentes personales, familiares y constante revisión de patrimonios.

La pregunta que me hago a renglón seguido es: ¿Existen estas unidades antidelincuencia y de contrainteligencia en el gobierno, en el Ministerio de Seguridad Pública? ¿Fueron chequeados todos los SEREMIS recién nombrados a nivel nacional en sus antecedentes y competencias? ¿Son ellos políticos o especialistas? Conozco casos de corrupción y drogas en los municipios que organizan sus direcciones de seguridad pública, ¿hay en sus equipos investigaciones internas preventivas? Los delegados presidenciales y sus equipos que coordinan la acción de las policías y lideran operativos en campamentos, casas de seguridad de narcos y extorsionistas, ¿cuentan con el grado de acceso y chequeo de inteligencia para conocer todos esos datos?

En el gobierno central y el parlamento se discuten leyes y se revisan cifras, se hacen sesiones secretas y, al parecer, tampoco hay registro del historial de quienes entran y salen de sus puestos por razones personales o políticas. Es visible que muchos están en seguridad para luego postular a un cargo de elección popular. ¿Es esto serio para el nivel de riesgo y tentación de ser reclutados por el crimen organizado?

Ni de parte del Presidente de la República ha habido voluntad de hacerse un test serio de drogas y demostrar su compromiso con el combate al narcotráfico. Los parlamentarios tampoco muestran un mínimo de ética profesional y se autocomplacen con comisiones de ética para castigarse.

Chile no resiste más autoridades que se hagan los tontos y que nos vean la cara. Las fuerzas armadas y sus policías dan de baja inmediatamente a sus funcionarios por delitos ligados a drogas y crimen organizado. ¿Qué pasa con el ministerio público que entre familiares persiguen y defienden narcos? ¿Qué pasa con los parlamentarios que no se hacen el test? ¿Qué ocurre con los municipios y sus equipos de seguridad que suman más de 300 funcionarios y no tienen unidades de control interno? ¿Qué ocurre con la Delegación que no registra e investiga debidamente a sus funcionarios políticos? ¿Qué ocurre con las más altas autoridades del país?

Levantemos la voz, exijamos, provoquemos cambios como ciudadanos, de lo contrario seremos un futuro Ecuador, México o como le ocurrió este año a Argentina en Rosario y su estado de emergencia por crimen organizado.

Jorge Andrés Contreras Blümel

Consultor y docente en Seguridad Pública Ciudadana

@contrerasblumel

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