A pesar de que faltan solo un par de meses para las elecciones parlamentarias y primera vuelta de las presidenciales, todavía no se zanja un acuerdo legislativo que establezca una multa por incumplimiento del voto. Esto significa que, en la práctica, pese a que se hizo obligatorio, todavía sería voluntario. De esta disyuntiva le sigue una pregunta central: ¿Es deseable que el sufragio se mantenga como un acto facultativo, o bien, debería impulsarse su obligatoriedad? Dos consideraciones podrían ayudar a responder esta pregunta.
La primera guarda relación con la justificación que se utilizó para incorporar la voluntariedad. Cuando se discutió acerca de su implementación, existía cierta creencia imperante de que con esta reforma se incentivaría la participación electoral, dado que iba a la baja. Si en las presidenciales de 1989 había votado más del 80% de la población —distorsión esperable por el momento político—, en elecciones posteriores la cifra disminuiría hasta quedar por debajo del 60%. En ese entonces, el voto era obligatorio, pero con inscripción voluntaria y, de hecho, no existía sanción por incumplimiento entre los inscritos. Es decir, era más o menos similar a lo que tendríamos ahora —salvo por la inscripción automática— y que en su momento suscitó críticas transversales, tanto de izquierda como derecha.
Se pensó que el voto voluntario movilizaría a la gente desencantada, pues era una medida con amplio respaldo popular. Por otra parte, creían que ayudaría a cambiar los incentivos en los partidos políticos, que tenderían a cambiar su estrategia para acercarse más a la ciudadanía. Sin embargo, el razonamiento utilizado para justificar la reforma rápidamente demostró ser incorrecto. Es decir, la voluntariedad no ayudó a revertir el problema y la participación siguió disminuyendo. Esto se explica, en gran medida, porque el cambio en los incentivos no fue sustantivo. Pasamos de una falsa obligatoriedad —dado que no había multa— a simplemente sincerarlo.
La segunda consideración guarda relación con el supuesto "cambio de estrategia de los partidos políticos". Tras la reforma, lo que sucedió no fue el resultado esperado. Los partidos se acomodaron a la baja participación y con el cambio del sistema electoral, que disminuyó el porcentaje electoral necesario para obtener un escaño, la estrategia de los actores políticos consistió en hablarles a grupos minoritarios. Una lógica de cálculo electoral, asociada a movilizar al mínimo necesario para resultar electo. Los incentivos de la voluntariedad repercutieron en generar una estrategia de "nichos" donde ya no era necesario tocar temas nacionales. Esto debilitó aún más la relación entre la política y la sociedad civil.
Pese a que el dilema que generó la necesidad de un cambio en la lógica del voto era razonable, la fórmula empleada no generó los resultados que se esperaban. Hoy Chile enfrenta el mismo problema. El voto voluntario provocó efectos negativos para la política y la obligatoriedad sin multa al final termina siendo irrelevante —por algo la baja participación se mantuvo—. En ese sentido, si queremos revertir la situación y cambiar los incentivos, establecer una verdadera obligatoriedad (con multa) podría ayudar a acercar más a los políticos con la ciudadanía.
Jorge Cordero
Cientista político y profesor investigador
Faro UDD