Quizá uno de los temas menos reflexionados en nuestra discusión pública es aquel relacionado con la libertad religiosa. Esto se debe, en gran medida, a que su comprensión suele entenderse como una cuestión de creencia estrictamente personal. Es decir, a que bastaría con que te permitan adherir libremente a una religión sin que nadie ejerza coerción sobre ti por el mero hecho de "creer" para que se respete dicha libertad. Y es que esta premisa algo de sentido tiene, pues en Chile no existe una persecución directa a quienes practican su religión en razón de su creencia: a diferencia de como sucede, por ejemplo, en Nicaragua con los católicos. Sin embargo, como en todo orden de cosas, las materias sensibles requieren de un tratamiento más profundo. En esta ocasión me referiré a un hecho particular que ocurre en nuestro país y que, por sorpresa, salvo con excepciones, pareciera causar poca -o ninguna- conmoción. ¿Qué pasa con el sin fin de templos quemados en ciertas regiones del sur por los atentados que allí se cometen? ¿Constituyen acaso una afectación a la libertad religiosa en nuestro país?

Aunque la primera aproximación nos podría llevar a una conclusión de que no hay una vulneración como tal, dado que no hay registros de ataques hacia personas que se puedan explicar por razón de su credo; la quema de templos tiene consecuencias directas frente a una dimensión comunitaria que necesariamente acompaña a la creencia religiosa -y que definiciones como las anteriores parecieran ignorar-. Especialmente si se trata de la cristiana y su vertiente latinoamericana. Y es que, como diría Alberto Methol Ferré -destacado intelectual uruguayo-, la experiencia del cristianismo no es sólo personal y privada. Por el contrario, la fe se recibe, se vive y se transmite en comunidad, donde el templo no aparece sólo como una institución organizativa, sino como un cuerpo vivo donde los fieles participan de una misma vida espiritual. En el caso de América Latina, sucede algo todavía más excepcional, pues dicha expresión comunitaria se entrelaza con una dimensión popular, formada por el fuerte sincretismo étnico: palpable en Chile con especial fuerza en las regiones consumidas por la violencia -para nadie es un secreto que parte significativa del pueblo mapuche profesa una fe evangélica-.

La quema de templos en las regiones del sur atenta contra todo lo mencionado. Por más de una década, como menciona el historiador Javier Castro en su artículo Burned Temples: A Decade of Tension in the Management of Religious and Worldview Pluralism in Chile, 2013-2023, se han quemado más de 80 templos cristianos. Solo entre 2018 y el 2023, el promedio bordea los ocho templos por año, al ser las comunas de Arauco y Malleco, las más afectadas.

Lo que allí sucede afecta directamente a la libertad religiosa de las personas que se ven consumidas por la violencia, lo que última instancia les impide vivir plenamente su fe. Cada templo que arde en el sur de Chile no es solo un edificio que se pierde, sino una afectación a la dignidad de las personas. En ese sentido, quizás llego el momento de reconocer que en nuestro país no existe una protección genuina de todas las creencias religiosas, de manera tal podamos tomarnos el problema en serio, pues donde el Estado ha fallado innumerables veces son justamente las comunidades cristianas, quienes se han preocupado por recomponer nuestro tejido social.

Jorge Cordero Frigerio

Faro UDD