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Que el Estado es un ente virtual, cuyos centros de poder se usan por políticos con sesgo, según sean sus intereses grupales doctrinarios y sus ambiciones egoístas por "hacer carrera", es cosa sabida.
Pero, llevar la deslealtad del Ejecutivo a perseguir y el Ministerio Público a formalizar, a un joven agente del propio Estado,-Policía de calle de baja graduación-, por motivo de ejecutar sus muy arriesgadas funciones cuando cumplía con el deber funcionario de enfrentar y detener insurrectos que delinquían en total flagrancia, en medio de la mayor ola delictual y asonada anti-autoridad en democracia, donde el país presenció la violencia contra los derechos humanos de la población y severos daños a la propiedad pública y privada, "transformando al agresor en víctima" es una cruel e insana manifestación de prepotencia, de vil desvergüenza y de cínica vendetta.
El policía, entonces cabo Sebastián Zamora, querido sobrino de un suboficial de Carabineros, ha sido y es un doloroso ejemplo del sórdido y desquiciado abuso del Estado, por acción del Gobierno y del Ministerio Público, apoyados por medios de comunicación y opinantes ayudistas, de hipócrita careta.
El policía imputado ha sido objeto de una destrucción de imagen ("asesino") y se le ha dañado con sanción antes de investigar y probar, infringiéndole castigo ciego de inmediato: la deshonra y expulsión; pérdida de trabajo, de previsión y de carrera; trauma psíquico y estigma social; defensa a su costo; sustracción de su vida privada y larga espera por justicia; y de paso es un escarmiento para sus colegas.
La fiscal a cargo de investigar, doña Chong, prejuiciada y militante anti-policías, decidió ocultar al Tribunal pruebas que,-con gran esfuerzo-, en una segunda instancia la defensa de Sebastián Zamora logró incluir, donde se constata que el imputado no cometió delito ni actuó con dolo, cuando un joven delincuente agresor, que fue a detener en la agitación y refriega callejera, cayó por un movimiento autónomo de escape desde un puente (se recuperó y tiempo más tarde, fue detenido en otro vandalismo), siendo el desafortunado escapero premiado por el Pdte. Boric con una Pensión de Gracia de por vida, como supuesta "víctima". El defensor del orden, fue sancionado; y el vándalo, premiado; el primero, ha sido un "Paco yuta" a odiar, el segundo, un cobarde agresor de piedra y llama, a aplaudir, usar y premiar.
La lengua y las fauces de la fiscalía, Gobierno y gente afín se atragantarán con la pretensión de la violación de derechos del violentista: el valiente imputado ahora ex-Policía no aceptó el arreglo de reconocer una culpa menor, que trató de lograr la fiscal que va por homicidio; y decidió comparecer y declarar en juicio porque es inocente.
Si los Tribunales de Justicia lo declaran y fallan así, "inocente", sin comisión de delito, el Estado debe pagar su deuda con él: 1) Disculpas públicas del Pdte. Boric; 2) Remoción de la Fiscal Chong y su equipo fuera del Ministerio Público; 3) Reintegro de Sebastián Zamora a Carabineros; 4) Pago íntegro de su sueldo por los casi cinco años desde su indebida expulsión; 5) Aplicación de ascenso por su nueva antigüedad; 6) Normalización de su previsión; 7) En Carabineros de Chile, desagravio público y oficial del alto mando, con declaración de nulidad en derecho, de la orden y acto de su baja deshonrosa, con sus motivos; 8) Estudio del caso para docencia en las Escuelas Matrices de las Fuerzas de Orden; 9) Indemnización del Estado por daño a su salud psíquica y moral; 10) Inserción destacada de su Inocencia y disculpas públicas en todos los medios que le atribuyeron culpa y dolo; 12) Obligado y público retiro de dichos y el expreso reconocimiento de los miembros de toda organización estatal, donde se lo haya prejuzgado y dañado en su reputación y dignidad funcionaria, al no respetar su derecho humano y garantía expresa constitucional, a "su honra", a la "presunción de inocencia" y a un "juicio justo".
Mario Ríos Santander
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