El poder político, del cual vamos hablar, tiene que ver con esa facultad que el pueblo traspasa al Estado, con el fin de utilizarlo en la administración de la sociedad a través de sus autoridades, encargadas de cautelar el cumplimiento de las diferentes normas, leyes y políticas que ayudan al desarrollo de ésta, por lo tanto, los ciudadanos esperamos de forma natural que sean ellos quienes sustenten esta facultad, de manera trasparente, justa y equitativa, cuestión nada fácil, pero en ningún caso imposible, a pesar  de las sentencias que replica la historia en torno a que el poder " corrompe"y " discrimina".

El poder político debe ejercerse, siempre, en los espacios formales e institucionales, a la hora de tomar decisiones que involucren a la sociedad en su conjunto, asegurando con ello los principios que ya hemos señalado, especialmente, el de la transparencia y equidad en cuanto a quienes tienen que decidir.

La historia del poder político social aparece asociada a factores externos que generan una gran influencia, especialmente en la toma de decisiones. El hombre primitivo ejerció el poder a través de la acumulación del grano y de bienes (la tierra).  Emperadores y reyes se sometían a la voluntad "de los dioses", quienes aconsejaban valiéndose de instituciones muy bien organizadas y que eran a la postre las que decidían y se favorecían, subyugando a los ciudadanos más vulnerables.

Con la instalación del Estado Moderno surgen nuevas formas de administrar y gobernar, extendiendo el poder a los diferentes niveles institucionales de la sociedad. La aparición de la República y de la democracia (gobiernos elegidos por el pueblo) nos sitúan en la modernidad y nos ponen de cara a la problemática actual, donde los espacios clásicos son desplazados para ejercer el poder fuera de ellos, sobrepasando toda la institucionalidad, a pesar de las normas establecidas.  Ya decíamos que cuando el Estado requiere tomar decisiones debe hacerlo a través de las autoridades competentes (principio que define el poder político social), cuando éstas requieren más información para decidir, deben hacerlo a través de los mecanismos establecidos para ellos (audiencias públicas, ley del lobby).

El reproche que se hace a nuestras autoridades, mandatadas para ejercer el poder político social, tiene que ver con que han traspasado la línea; pues sin nuestro conocimiento ni mandato y obviando la Ley del Lobby, han involucrado, a hurtadillas, a importantes actores externos, en reuniones especiales, para consultarlos, probablemente, sobre futuras decisiones que pueden afectar o favorecer al conjunto de la sociedad , generando un manto de dudas y desconfianza , que viene a dañar la confiabilidad en nuestras autoridades e instituciones encargadas de ejercer el poder político social en favor de todos los chilenos.

Es legítimo, entonces, preguntarse dónde y quiénes, verdaderamente, ejercen el mandato del poder para decidir. Está claro que le corresponde al gobierno del Estado, pero al parecer, también lo vienen haciendo actores externos, que representan organizaciones de poder, tal cual lo hicieron en el Neolítico y luego , quienes aconsejaban a Emperadores y Reyes.

Mario Morales Burgos

Profesor