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La Tribuna
Columnista

Chile, país de reuniones y comités inservibles

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público
Licenciado en Ciencias Políticas

por Jorge Rivas Figueroa

La Ley 21.364 publicada el 7 de agosto de 2021 establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, sustituye además a la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), y modifica normas anacrónicas en busca de una adecuación a las realidades que se viven en el siglo XXI, sin embargo y pese a su espíritu descentralizador, su puesta en marcha marca una vez más la rudeza del centralismo en desmedro de la vida local que sucumbe a ello.

Esta norma usa como palabra clave "Gestión", que según la Real Academia Española, en sus tres acepciones indica acción, movimiento y resolución.

Pese al mandato de la Ley que indica la creación de los Comité Comunal Para la Gestión de Riesgos y Desastres (COGRID), estos según la misma norma, siguen dependiendo de oficinas regionales y una nacional que parece no entender que los problemas que se viven en cada territorios son tan reales que no se pueden generalizar, es decir, no podemos tomar decisiones para Mulchén, sin que estas sean aprobadas por una oficina centralizada y sin que sean "metidas en el mismo saco" que las urgencias que se viven en Arica o Punta Arenas. Chile es uno, es cierto, pero con realidades muy distintas.

Los alcaldes y alcaldesas de Chile creemos y valoramos que el Espíritu de la Ley se base en principios como "la prevención, apoyo mutuo, coordinación, transparencia, participación, escalabilidad, y oportunidad", pero lamentamos que sigamos teniendo reuniones y creando comités que resuelvan poco o nada.

Déjeme contarle, que tras los incendios forestales del verano en los sectores rurales de nuestra comuna se estableció un sistema de entrega de agua potable para los damnificados (que lo perdieron todo) con las actualizaciones de fichas (burocracia) a través de plataformas digitales en lugares donde no hay internet y cuya consecuencia implicó dejar a nuestros vecinos y vecinas sin agua y todo porque se decidió en una oficina que, seguramente, de territorios rurales y conexión, no sabe nada.

De acuerdo a la Ley y a su síntesis escrita en la Biblioteca del Congreso Nacional, el SENAPRED es el "servicio encargado de asesorar, coordinar, organizar, planificar y supervisar las actividades relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres del país. Dicho Servicio estará a cargo de un director nacional, quien será su jefe superior. En cada región existirá una Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, a cargo de un director regional, quien ejercerá su cargo conforme a los lineamientos de la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, a los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional y a las instrucciones del Director Nacional", estableciendo para los territorios instancias como el COGRID, que no tiene más facultades que transmitir las conclusiones al director regional que traspasa al nacional, es decir, comités y reuniones donde los equipos municipales desconocen si sus conversaciones llegan o no al destino final, que es en realidad, donde se toman las decisiones.

Me gustaría preguntar a quién tomó la decisión de suspender la entrega de agua potable a los sectores rurales de Mulchén si dispone del recurso en su oficina o en su casa, sin tener que completar fichas digitales donde no hay internet, o bien preguntarle, si sabe o no que el agua que consume el campesino es la misma que comparte con sus animales, yo creo que no.

Antes de finalizar, quiero pedirle especial atención a la denuncia de bomberos publicada por Diario La Tribuna, en la cual los voluntarios siguen solicitando que se les pague el gasto de combustible de los incendios forestales de este verano.

En definitiva, tenemos una Ley descentralizadora que, al ser trabajada por otros seres humanos, ha perdido toda urgencia, creando miles y miles de instancias burocráticas que olvidaron lo más importante, que es que nuestro Estado debe velar por el Bien Común de cada habitante.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público

Licenciado en Ciencias Políticas

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