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En estos días, a propósito de comentarios del consejero Luis Silva sobre A. Pinochet, varios personeros de la izquierda -Partido Comunista y Frente Amplio- comparecieron en la escena pública para reprochar, e incluso cancelar, a quien planteó una percepción que disentía con la que para ellos sería moralmente correcta.
Los diputados Hertz y Winter, la ministra Vallejos y el mismo presidente Boric, entre otros, intentaron deslegitimar una opinión que, compartamos o no, en ningún momento quitó importancia a las violaciones de los derechos humanos, sino que ofreció, desde un enfoque personal, un interés por otros fenómenos asociados a Pinochet y el régimen militar.
La diferencia de opiniones y la crítica son parte de la convivencia democrática y la sana discusión que nutre de ideas, perspectivas e interpretaciones el espacio público, en el que se debaten diferentes vías para alcanzar el bien común. El problema estriba cuando una facción política, bajo fórmulas que se amparan en la idea del negacionismo, desarrolla un ataque sin mesura ante una legítima diferencia de aproximación a la historia.
Ante las acciones públicas que intentan cancelar a Silva y dictar una ley que prohíba la expresión de sus ideas, se evidencia un intento totalitario por legislar la memoria, establecer una verdad incuestionable y conducir la forma en la que interpretamos nuestra realidad pasada y presente.
Uno de los principios de la disciplina histórica es que, a diferencia de aproximaciones metafísicas, las verdades del devenir están circunscritas en contextos cuyo conocimiento es fragmentario, subjetivo y, en muchos casos, imparcial. El conocimiento histórico es siempre fruto de interpretación y su entendimiento nunca finaliza, sino que se complementa, se contradice y se renueva. La memoria histórica es múltiple y dinámica.
La importancia del pasado es fundamental en las sociedades, ya que su comprensión define un presente desde el cual se proyecta un futuro posible. La conciencia de la izquierda a este respecto es profunda, y su intento por normar la memoria y la expresión de diferencias busca instalar una interpretación única de la realidad que permita proyectar, bajo su dominio, un futuro también unívoco.
Este es, por cierto, un procedimiento que ya en el siglo XX implementaron los regímenes totalitarios y comunistas que tanto violaron los derechos humanos, y que hoy se renuevan, bajo manidas consignas, como un intento por normar las conciencias colectivas, dominar el espacio privado y, por tanto, controlar la libertad; todo contrario a los derechos humanos.
Sin abandonar convicciones, en democracia las opiniones diversas deben tolerarse, así como también las diferencias en la interpretación del pasado y la memoria histórica. Solo el sano debate racional, con espíritu persuasivo y también comprensivo, permitirá una comunidad con un proyecto político estable.
Daniel Nieto Orriols, director de la Licenciatura en Historia UNAB sede Viña del Mar
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