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La aprobación en el Congreso de la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales es sin duda un avance para la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras chilenas, no sólo porque reduce los tiempos que las personas destinamos al trabajo, sino porque incorpora aspectos que propiciarán, por ejemplo, la corresponsabilidad de padres y madres en el cuidado de los hijos.
Desde este punto de vista, una legislación más acorde con los tiempos y necesidades de las familias chilenas nos ubica como uno de los países de la región que más ha avanzado en el reconocimiento de los derechos laborales.
Sin embargo, es necesario mirar este hito como un conjunto de cambios que se están generando y que impactarán en el mundo productivo, principalmente en las pequeñas y medianas empresas, que, por sus características, deberán traducir estas modificaciones en un aumento de sus costos de producción.
El escenario que hoy enfrentan la mayoría de las Pymes chilenas, es similar al de una casa, cuyo presupuesto es acotado. Para responder a las necesidades de un cliente, requieren de capital que permita generar esa producción. Por eso es importante que se cumpla con la Ley de Pago a 30 días, pues es la principal garantía que un proveedor Pyme tiene para continuar su línea productiva. Si a esto sumamos los cambios legislativos en materia de pensiones, la reforma tributaria, el aumento del salario mínimo e incluso la inflación, la situación se proyecta de manera poco auspiciosa.
Que la implementación de las 40 horas sea un proceso gradual, debiera entonces ser asumido como una oportunidad para que las Pymes se capaciten e incorporen elementos de digitalización a sus procesos, de manera que en el corto y mediano plazo sean más productivas.
Para lograrlo es clave que el Estado fortalezca el sistema de incentivos y de herramientas que les permitan ser más competitivas. Por ejemplo, en materia de capacitaciones, darles acceso a recursos y formación de competencias ajustadas a la realidad del sector al que perteneces, o que las franquicias entregadas por Sence, permitan el acceso de un mayor número de personas a este beneficio.
Es importante destacar que, si bien la reducción de la jornada laboral a 40 horas puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de los trabajadores, si no se gestionan de manera adecuada estas medidas complementarias para aumentar la productividad de las pequeñas y medianas empresas, existe el riesgo de aumentar los índices de precarización e informalidad del trabajo.
Desde AGOP, una agrupación multigremial y representativa de distintos sectores productivos, confiamos en que los cambios que se están dando son necesarios para el país, pero reforzamos también la necesidad de que estas modificaciones se realicen considerando las realidades de todos, basadas en el diálogo y el conocimiento técnico, y descentralizando la toma de decisiones.
Humberto Miguel, presidente de ASEM Biobío e integrante de AGOP
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