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Lo hemos dicho en todos los tonos y oportunidades en que ha sido preciso: los costos económicos, materiales, sociales y psicolaborales que se han derivado de la instalación de la modalidad sustitutiva de enseñanza -esto es, de la enseñanza remota en sus expresiones a distancia y telemática-, como consecuencia de la pandemia en desarrollo, han sido de cargo exclusivo de los docentes de aula, tanto por la adquisición, reparación -o ambos a la vez- de equipos computacionales y telefónicos (más los anexos que han sido menester), como por la ampliación de bandas y señales asociadas a los referidos equipamientos, la inevitable alteración de la vida familiar en general, la disposición de espacios propios para fines ajenos a la cotidianidad del hogar, el alargue de la jornada laboral desde la primera a la última hora del día y de lunes a domingo durante cada semana del año escolar, la distracción (a falta de un seguro Covid) de recursos económicos útiles a objetivos distintos en pos de recuperar la salud laboral, entre otros tantos efectos de los que ni los sostenedores ni el Ministerio de Educación se han hecho cargo hasta ahora .
Pero también, y con la misma fuerza, el imperativo que supone: poner fin -y sin mayor dilación- al agobio laboral en virtualidad de que están siendo objeto los docentes por parte de ciertos directores y jefes técnico pedagógicos, agobio laboral que ha ido desde una sobrecarga de trabajo con sui géneris imposiciones que sobrepasan lo razonablemente conveniente, como es el registro de una y misma información en distintas plataformas con el pretexto de alguna hipotética supervisión de la Superintendencia de Educación, hasta la pérdida de su derecho a la intimidad personal y familiar garantizada constitucionalmente y la vulneración de su autonomía profesional establecida en el Artículo 16° de la Ley 19.070, con la instalación arbitraria y unilateral de procesos y procedimientos de monitoreo a las clases telemáticas e híbridas sin que existan sistemas de evaluación y acompañamiento a la docencia en la enseñanza acordados, construidos y validados por el conjunto de los enseñantes que forman parte de los mismos, ni especialistas en este campo que den satisfacción objetiva a un proceso que por su sola naturaleza es complejo y experto; resultando, por ello, un claro atropello al ejercicio profesional de los enseñantes.
En este plano, sea que se trate de la enseñanza presencial o de la modalidad sustitutiva, la autoridad debe tener en cuenta que la generación o disposición de condiciones adecuadas de trabajo para todo docente de aula, tanto materiales, como ambientales, psicosociales y laborales, constituye una responsabilidad ineludible e indelegable para los sostenedores -esto, hablando desde la educación pública, como es de entender-, por lo que cualquier carencia, falencia o diferencia al respecto no puede ser endosable a quienes laboran, y abnegadamente, en el espacio pedagógico, salvo aquellas propias del acto educativo -es decir, las inherentes a las enseñanzas antepreáulica, preáulica, áulica y posáulica- y en condiciones de total normalidad, habida cuenta de que no es lo mismo una evaluación y acompañamiento a la docencia en la enseñanza fuera de pandemia, que otra a llevar a efecto en los mismos términos con la enseñanzas remota (a distancia o telemática) e híbrida, y peor aún si no se cuenta con un personal idóneo para los señalados fines.
Lo que no se debe olvidar -siendo esto igualmente válido, con o sin pandemia, para los niveles macro, meso y microsistémicos y, dentro de estos últimos, para los subniveles de dirección, técnico pedagógico y áulico)- es que todo quehacer educativo se sustenta en por lo menos cinco ejes o referentes principales, que son: el filosófico, el político o regulatorio, el científico, el tecnológico y el de creatividad personal , debiendo prescindirse por lo tanto de posturas ojimetristas, tincametristas o porsiacametristas.
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