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Columnista

Cuando ponemos a las personas con discapacidad primeros en la fila y en el corazón

Andrea Arpide Dehn, Evópoli Biobío, presidenta Asociación Red de Inclusión Biobío

por Andrea Arpide Dehn, Evópoli Biobío, presidenta Asociación Red de Inclusión Biobío

La pandemia, sin duda ha traído situaciones muy complejas para nuestro país, pero también ha permitido visibilizar temas que no se querían ver, entre ellos, como están viviendo esta contingencia sanitaria-económica las personas en situación de discapacidad.

Hace quince días, cuando se comenzó a sociabilizar los beneficios del Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, me di cuenta que en el Ingreso Familiar de Emergencia original habían incorporado como beneficiarios a través de una excepción, a todos los adultos mayores de setenta años que tuvieran pensión básica solidaria por vejez, sin embargo, no habían considerado a las personas con discapacidad, quienes siempre han estado últimos en la fila. Sin tener un mayor vínculo personal, más que compartir la misma ideología y partido político y haber coincidido en algún seminario del tema, tomo contacto con Sebastián Villareal, subsecretario de Desarrollo Social, solicitando considerar las pensiones básicas solidarias por invalidez, argumentando con la ley y el artículo correspondiente.  Para mi grata sorpresa, Sebastián no solo respondió sino que se la jugó por las más de 106.000 personas con discapacidad que tienen su PBSI y que pertenecen al 80% más vulnerable. 

Desde el anuncio oficial del IFE 2.0 he tenido la fortuna de ser portadora de esta buena noticia para quienes son beneficiarios de esta ayuda, muchos de ellos no creían tal maravillosa noticia.  El beneficio estatal les permite recibir un dinero extra por 3 meses a su hogar. Considerando el alto nivel de gastos que generalmente tiene una persona en situación de discapacidad, entre paños, medicamentos, alimentos especiales y cuidadores, este beneficio de dinero por tres meses les trae un gran alivio.

Junto con este anuncio, las Isapres por fin reconocen que el Síndrome de Down, el Espectro Autista y otras condiciones, no serán catalogadas como enfermedad, por lo que los niños con alguna de estas condiciones podrán ingresar a estas instituciones sin que se les considere la preexistencia, otro avance en materia de políticas públicas ocurrido en estos últimos quince días.

Adicionalmente a lo anterior, el ministro de Salud Enrique Paris, anunció recientemente el Protocolo de consideraciones especiales en el manejo y tratamiento de las personas con discapacidad durante la pandemia SARS-COV-2, el cuál esperamos que se siga aplicando en todos los hospitales y clínicas del país después de la pandemia.

Estos anuncios y medidas concretas nos deben llenar de esperanza ya que en este último mes se ha avanzado en esta materia más que en los últimos 10 años.  Y me deja llena de energía para continuar mi trabajo por las personas en situación de discapacidad y la conclusión que a veces hablar con la persona correcta en el momento preciso puede cambiar el rumbo de una decisión y la vida de muchas personas.  Ciertamente hay momentos en los que solo necesitamos la voluntad de querer hacer los cambios. La carencia de buenas políticas públicas hoy es la causa de todas las malas ejecuciones e improvisaciones en la práctica. Cuando dependemos de equipos y personas comprometidas con la causa, la cosa cambia.  El saber que las organizaciones de la sociedad civil y las personas podemos ser escuchadas y nuestra opinión y trabajo tomados en consideración para exponer sugerencias e ideas, me da a pensar que las personas con discapacidad podrán tener un sitio y ser también primeros en la fila con resultados de un mejor bienestar en el corto plazo.

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