Durante estos días hemos sido testigos de una explosión social pocas veces vistas, donde las demandas trascienden las clases sociales y las zonas del país.

Desde Arica y Punta Arenas se ha escuchado un solo clamor, que es cambiar profundamente las bases sobre las cuales se ha construido últimamente Chile. 

Es que este malestar ciudadano no es fruto sólo de un aumento del precio del Metro, como en principio se quería hacer pensar, sino de sistemáticas políticas públicas que han propagado la inequidad y la desesperanza en los chilenos.

La clase política ha tenido gran responsabilidad en este escenario, ya que ha gobernado sin tomar en cuenta la ciudadanía; dictando leyes, normas o programas, que van en beneficio -principalmente- de las empresas y las clases dominantes.

Ejemplos sobran por montones, pero para citar algunas, tenemos el tema de las jubilaciones, donde los gobernantes no han podido poner atajo a un sistema tan perverso como son las AFP.

Como la mayoría ya sabrá, nuestras jubilaciones son calculadas según una perversa ecuación, que estima nuestra proyección de vida en más de 100 años, condenándonos a pensiones miserables.

La clase política tampoco ha cooperado en fortalecer la salud pública, muy por el contrario, ya que no ha entregado la facilidad para que nuestros usuarios puedan acceder a atenciones con especialistas.

Nuestros vecinos viven en los Cesfam y consultorios, a la espera de una interconsulta que nunca llega, y que cuando arriba ya es muy tarde.

En educación ha sido aún más siniestra la situación, pues hemos transformado a toda una generación de estudiantes en deudores, a través de créditos poco blandos y alejados de la realidad laboral que vive -actualmente- el país.

La clase política tampoco ha puesto atajo al sobreendeudamiento que vive gran parte de Chile, donde familias viven sólo para pagar las cuentas.

Condonaciones o el derecho a quiebra es sólo para las grandes compañías, dejando a nuestros ciudadanos atados de manos, buscando de alguna forma salir de las deudas.

Por todo ello, resulta paradójico, incluso, asombroso que la clase política no haya anticipado, que tanto abuso no iba a provocar una reacción social como la que estamos viviendo.

Por todo ello, hay que agradecer que las manifestaciones -en su gran mayoría- sean pacíficas, ciudadanas y en pos de mejorar la situación. Bien podríamos tener una reacción social violenta, que ponga en serio riesgo nuestro sistema institucional, sin embargo, tenemos -principalmente- a las familias desfilando por nuestras calles.

La misma situación hemos tenido en Antuco, donde nuestros vecinos han marchado alegremente y de forma pacífica, con la única finalidad de devolverle la dignidad y la justicia a nuestro país.

Por ello, como autoridad destaco a nuestros vecinos y vecinas, y me comprometo a representarlos y buscar las alternativas, que nos permitan construir un mejor país de cara a la ciudadanía.