viernes 15 de noviembre, 2019

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Opinión

La ley de la selva


 Por La Tribuna

Alejandro Mege Valdebenito.

Sólo se necesitaba un detonante y el alza de pasajes del Metro encendió la mecha de un descontento que la población venía acumulando desde hace bastante tiempo para que se produjera la movilización social y fueron los estudiantes quienes iniciaron el movimiento cuyas raíces son más profundas que la sola alza de pasajes y sin bien la democracia permite la libre expresión es necesario distinguir que, por mucha razón que se tenga – en este caso se tiene con largueza- no se puede utilizar la violencia y el vandalismo para delinquir, robar, agredir y destruir los bienes públicos y privados, incluso con el sacrificio de la vida de algunos compatriotas, como si esa fuera la solución de los problemas que se busca resolver.

La justa expresión ciudadana no debe transformarse en  violencia física, emocional y vejatoria que destruye no solo los bienes materiales, también destruye la paz social por cuanto afecta especialmente a quienes tienen menos recursos  para llevar una vida más  digna y justa, cuando se destruyen y se queman sus fuentes de trabajo o son víctimas del saqueo de sus hogares, menos  cuando estas acciones delictivas la realizan personas que se supone de mayor educación y con recursos superiores al común de la población pero con una deplorable calidad ética que los refleja de cuerpo entero. Más agrava la situación cuando  tras las protestas  legítimas parece haber la acción deliberada de grupos violentistas de provocar un caos social, situación que toda la sociedad debe contribuir a superar para  lograr la paz y el respeto a las reglas que dan la estabilidad necesaria para una convivencia civilizada.

Sin embargo, se debe reconocer que la violencia producida es consecuencia de  la inconformidad social que afecta a los grupos  de menores recursos que impactan  en una deficitaria calidad de vida; en una educación precaria y sin horizontes de movilidad social para la mayoría de la población, de una atención de salud insuficiente y tardía, de pensiones míseras y desatención de las personas de mayor edad.

En fin.

La lista de necesidades de la población es larga y el incumplimiento de las promesas hechas por el gobierno para darle solución se han quedado en el discurso y en las desafortunadas y hasta despectivas   intervenciones de algunas autoridades cuya consciencia social parece llegar hasta el límite de tener  resueltas –y bien por ellos- todas sus necesidades de salud, educación, vivienda, transporte, recursos y acceso a todos los productos de una sociedad de consumo, por lo que no entienden ni asumen  la real  problemática de enfrentar cada día las dificultades por las que atraviesa la gran mayoría de la población.

Es bueno saber que quienes apoyan las movilizaciones de manera pacífica y respetuosa, como un derecho propio de la democracia son muchísimo más que los que pretenden infructuosamente destruirla y que se han unido para evitar desmanes y saqueos por parte de algunos de sus propios conciudadanos.

Hacer consciencia en las nuevas generaciones del daño que se hace a toda la sociedad con acciones como las que estamos viviendo es una responsabilidad que debe iniciarse en la familia y contar con el respaldo de toda la comunidad nacional, de las instituciones sociales, educacionales, de la clase política sin exclusiones, de las iglesias de todas las confesiones, del comercio y del empresariado en todas sus expresiones.

El compromiso con nuestro país  es de todos, en el lugar que estemos y en la función que se desempeñe; no podemos dejar que unos pocos  destruyan  el futuro de las nuevas generaciones.

No puede ser la ley de la selva la que impere.

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