Presentan proyecto de ley para tipificar el delito de llamado a "resistencia armada"

El Senador por la región del Biobío Enrique van Rysselberghe ingresó un proyecto de ley al Senado de la República para tipificar como delitos en contra de la seguridad interior del Estado el llamado a la resistencia armada, la fragmentación territorial y las declaraciones unilaterales de territorios autónomos.

A juicio del Senador van Rysselberghe, se necesita tipificar en nuestro ordenamiento las conductas graves que induzcan a la fragmentación del territorio nacional o busquen las autonomías territoriales, así como quienes inciten o fomenten la resistencia armada o violenta en contra de toda autoridad, en directa referencia a las declaraciones realizadas por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul.

Para el senador, esta reforma legal es necesaria ya que tenemos un gobierno timorato, que duda en interponer querellas ante llamados a la insurrección armada, por lo que debemos generar las herramientas legales que permitan perseguir a quienes quieren usar la vía violenta para dividir a Chile.

Además, van Rysselberghe señaló que el gobierno anunció el lunes pasado que pedirá al Ministerio Público un fiscal especial para investigar a las organizaciones criminales de la macrozona Sur, lo que refuerza la necesidad de tipificar nuevos delitos que permitan mejorar la capacidad investigativa de estas organizaciones delictivas.

De la misma forma, el senador gremialista afirmó que el proyecto de ley también modifica la Ley de Seguridad Interior del Estado para permitir que los delegados presidenciales, provinciales, gobernadores regionales y alcaldes, puedan denunciar o presentar las querellas respectivas son respecto de delitos cometidos en sus territorios facultad que hoy es exclusiva del Presidente de la República.

Según van Rysselberghe, esta modificación es fundamental ya que permitirá que las autoridades regionales, provinciales y comunales presentar querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado frente a delitos ocurridos en sus territorios, sin esperar que sea el presidente quien tome la iniciativa, lo que permitirá que el Ministerio Público avance en las investigaciones de manera rápida y expedita.