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Comisión dio inicio a intervenciones para analizar acusación constitucional del Presidente Sebastián Piñera

Los parlamentarios tendrán diversos invitados para analizar el caso de la compraventa de la minera Dominga, para posteriormente generar un informe –no vinculante– para ser presentado a la Cámara Baja


 Por Cristian Salazar

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Durante este martes comenzó el debate por parte de la Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la acusación constitucional que la oposición presentó en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, y en donde se comenzó además a recibir diversos invitados, quienes aportarán al análisis en esta instancia.

Durante la misma jornada, el fiscal nacional, Jorge Abbot, por medio de una carta se excusó de participar en esta instancia, en una investigación que lleva adelante la fiscal regional, Claudia Perivancich, por las negociaciones y compraventa de la minera Dominga, y que fueron reveladas en un reportaje internacional conocido como “Pandora Papers”, que involucró a diversos líderes políticos mundiales.

La comisión que revisará esta acusación y deberá emitir un informe con una conclusión no vinculante, con Maya Fernández (PS) a la cabeza, convocó a los diputados integrantes Florcita Alarcón, del Partido Humanista, Pepe Auth (independiente), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Independiente-RN), para así escuchar a los primeros invitados a esta revisión de la acusación en contra del primer mandatario. Recordemos también que esta instancia contó con la presencia del abogado Jorge Gálvez, quien asumirá la defensa del Presidente Piñera.

PRIMERAS INTERVENCIONES

Según indicó la Cámara de Diputados, en la primera sesión participó la abogada ambientalista Llankiray Díaz, quien en su intervención explicó el funcionamiento del Sistema de Evaluación Ambiental y se detalló el proceso que siguió el proyecto minero portuario Dominga, en Higuerillas.

En este caso, indicó que fue un proceso normado, pero que llamó la atención el carácter “político” de las organizaciones que se pronunciaron sobre los proyectos, debido a que están conformadas por delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales o ministros de Estado.

La abogada también se refirió a la decisión de Sebastián Piñera de no apoyar el proyecto Barrancones, “aparentemente por una preocupación ambiental”. Además, criticó como lobby a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, dependiente del Ministerio de Economía, que tuvo entre sus prioridades a Dominga.

El abogado ambientalista Ezio Costa también criticó a esta oficina, señalando que “los gobiernos no deberían tener proyectos privados como favoritos”. Aseguró que no están normados los criterios para priorizar ciertos proyectos.

Además, en la sesión también participó el abogado Marcelo Drago, ex presidente del Consejo para la Transparencia, quien en su intervención revisó las normas vigentes en relación al principio de probidad en la administración pública.

Sobre la situación del Presidente Piñera, señaló que actuar bajo cualquier conflicto de interés es una falta grave al principio de probidad, situación que podría establecerse, en este caso, considerando los vínculos familiares y de amistad que existirían entre quienes realizaron las negociaciones de la minera Dominga.

PASOS A SEGUIR

En el primer paso en el camino de esta acusación constitucional fue notificado, por medio de la vía legislativa, el Presidente Piñera. Desde el momento de la notificación, el mandatario tendrá plazo de 10 días –excluyendo los domingos– para presentar su respuesta (presencial o escrita) ante la comisión.

Una vez conformada la comisión, tiene seis días (sin contar domingos) para estudiar la acusación y emitir un informe no vinculante, el cual deberá ser presentado por un diputado a la Cámara, y dará inicio a un debate y discusión, donde se puede acoger o no esta iniciativa.

En este punto, el acusado podrá invocar la cuestión previa, con la que se puede objetar que la acusación no cumple con las condiciones reglamentarias. Si la cuestión previa se acoge, la acusación se cae, pero si no se acoge, se continúa con la votación. En caso de rechazarse (necesita 78 votos para ser aprobada), no se podrá renovar la discusión ni insistir en la acusación, pero de aprobarse, se continúa con el proceso en el Senado, todo mientras el mandatario se mantiene en sus funciones.

La Cámara Alta tendrá entre cuatro a seis días para fijar su votación. Para que se apruebe la acusación se requiere el voto a favor de dos tercios de los senadores en ejercicio, y de ser el caso en esta instancia, el presidente quedaría destituido de su cargo sin poder ejercer ninguna función pública durante cinco años. Correspondería al Congreso pleno elegir a un nuevo mandatario.

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