Municipio de Mulchén deberá pagar $12 millones por daño moral a funcionaria en caso de acoso laboral

El Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén dictaminó una sentencia por un caso de tutela laboral en favor de Paola Andrea Lagos San Juan, ex funcionaria de la Dirección de Desarrollo Comunitario, tras acoger una demanda en contra de la Municipalidad de Mulchén.

El tribunal estableció que la afectada, de profesión asistente social, fue víctima de actos de discriminación por parte del municipio, en particular por parte de Christian Soto Aravena, director del Departamento de Desarrollo Comunitario, debido a la negativa de la funcionaria de participar en la campaña presidencial de Alejandro Guillier a fines del 2017, lo que habría dado inicio a una serie de actos en su contra.

LOS HECHOS

Según el Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén a través de la lectura de sentencia, con fecha 20 de abril de 2021, y a la cual diario La Tribuna tuvo acceso, la asistente social presta funciones desde el año 2014 en dicho departamento.

Sin embargo, a fines del 2017, debido a su negativa a participar en la campaña presidencial de Alejandro Guillier, se deterioró su relación con el director de su departamento, Christian Soto Aravena, hasta el punto en que este comenzó a acosarla laboralmente, vulnerando sus derechos, y a discriminarla por su opción política, su género y su estado de salud.

En el documento, la funcionaria sostuvo que dicho acoso se ha manifestado en distintos hechos, consistentes en la exclusión de reuniones de trabajo, no otorgamiento de funciones, desconocimiento de su calidad profesional, rechazo de permisos administrativos, no concesión en forma debida de sus vacaciones y baja calificación de su desempeño, los que han derivado en el padecimiento de una enfermedad profesional, hostigamiento al que se ha sumado la reciente asignación de funciones a otro departamento, según indica el acta.

AMENAZAS A FUNCIONARIOS

Según dicta en el documento, a fines de 2017, se le solicitó a varios funcionarios municipales participar en la campaña presidencial del señor Guillier. Aquello fue afirmado por testigos como Alexis Viveros y Beatriz Gajardo, ex compañeros de trabajo de la demandada. Alexis Viveros, en este caso, indicó que quienes no participaban en las campañas eran amenazados con su continuidad laboral, mientras que Gajardo indicó, por su parte, que ella sí salió a hacer campaña.

SENTENCIA DEL JUZGADO DE MULCHÉN

Finalmente el Juzgado de Mulchén, a través del documento de lectura de sentencia, indicó que la demandante Paola Andrea Lagos San Juan ha sido víctima de actos de discriminación de parte de la Ilustre Municipalidad de Mulchén, realizados específicamente por el director del Departamento de Desarrollo Comunitario de dicho municipio, Christian Soto Aravena, quien, motivado por la negativa de esta a servir como apoderada de mesa de un candidato presidencial, por su participación en una reunión de carácter gremial y por sus reiteradas ausencias, justificadas médicamente, le privó gradualmente de las funciones propias de su cargo, le excluyó de un grupo de mensajería de texto usado para fines institucionales, le calificó en forma deficiente, dispuso el uso de su oficina por otra funcionaria sin avisarle, y solicitó y obtuvo su traslado a otro departamento.

Junto con ello, el Juzgado ordenó al municipio cesar de manera inmediata a todo acto de hostigamiento, reintegrar a la demandante a sus funciones en Dideco, tomar las medidas necesarias para el resguardo de su integridad y pagar a la demandante la suma de 12 millones de pesos como indemnización por daño moral, entre otros hechos.

RESPUESTA DEL MUNICIPIO

Diario La Tribuna tomó contacto con la municipalidad de Mulchén, desde donde respondieron indicando que tenemos la convicción de que la sentencia que dictó el Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén infringió el derecho de la Municipalidad de Mulchén a un debido proceso, ya que desconoció la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional, acogiendo un requerimiento de inaplicabilidad de la ley, en virtud del cual, la tutela por vulneración de derechos fundamentales no la tiene para este juicio la demandante, por ser funcionaria a contrata de la Municipalidad de Mulchén.

Es por ello, se añadió, que la Municipalidad de Mulchén ha interpuesto un recurso de nulidad en contra de la sentencia que dictó el juez del trabajo, para que sea la Corte de Apelaciones de Concepción, la que, conociendo de dicho recurso, anule la sentencia recurrida y restablezca el imperio del derecho que estimamos fue quebrantado por la sentencia que dictó el Juzgado de Mulchén.

En esa misma línea, aseguraron que el Juzgado Laboral ha traspasado el límite de sus facultades al inmiscuirse en atribuciones que son propias de los alcaldes y alcaldesas del país como es la administración del personal, ya sea tanto para mantener o destinar personal al interior de la Municipalidad, materia consagrada en la ley 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, y que solo faculta a las autoridades edilicias para tomar decisiones en dichas materias.