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La Tribuna

Continúan las demandas por acoso laboral en contra del municipio angelino

por La Tribuna

Entre los meses de febrero y marzo se iniciarán tres juicios por vulneración de derechos constitucionales y despido injustificado. Los trabajadores piden indemnizaciones, que juntas, superan los 100 millones de pesos.

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Desde la casa edilicia siguen sin referirse mediáticamente a las últimas acusaciones laborales que enfrentan de parte de dos trabajadoras y un ex funcionario.

A la demanda de la periodista del DAEM, en la que se exige el pago de indemnizaciones por cerca de 36 millones de pesos, se suma la del ex encargado de operaciones de la Sección de Aseo y Ornato por una suma que bordea los 40 millones.

La misma abogada que representa ambas personas, solicita también en la causa de la encargada del Centro Integral de la Mujer una prestación de 30 millones de pesos por concepto de reparación de daños morales.

El abogado patrocinante del municipio contestó la demanda realizada por los dos últimos profesionales cuyos juicios comenzarán a partir de la quincena de febrero en el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles. Aún queda por conocer la contestación a la demanda de la periodista.

PERIODISTA DEMANDA AL MUNICIPIO

Un día después que se conociera públicamente el contenido de la demanda realizada por la abogada de la periodista del DAEM en contra de la municipalidad por vulneración de derechos fundamentales, el jefe de comunicaciones de la alcaldía fue removido de funciones dentro del departamento.

Este último, en el texto de la denuncia, es sindicado como responsable de la comisión de actos de “hostigamiento” y “humillaciones públicas” hacia la profesional a través de un “liderazgo autoritario” y  “jefatura ilegítima”.

En el escrito además se señalan “represalias” de parte de la  esposa del alcalde hacia quienes “no obedecen sus requerimientos”.  La labor de la periodista se habría visto entorpecida, según explicita la demanda, por la “obligación de dar prioridad a aquellos establecimientos que son dirigidos por profesionales que cuentan con la confianza y amistad de la esposa del Sr. alcalde”.

Esta situación se describe en el marco de los primeros meses de la periodista a cargo de desempeñar funciones de apoyo comunicacional a la gestión de la Dirección Comunal de Educación.

La abogada de la profesional que se mantiene con contrato vigente solicitó al Tribunal ordenar a la ilustre municipalidad de Los Ángeles cesar de inmediato las conductas de acoso laboral.

De parte del equipo jurídico del municipio aún resta por conocer la contestación a la demanda. Esto debe suceder antes que se fije una fecha para el comienzo del juicio.

INGENIERO ALEGA DESPIDO INJUSTIFICADO

El 14 de diciembre del 2016 el ingeniero civil industrial Alejandro Aravena ingresó a trabajar como encargado de operaciones de la sección de Aseo y Ornato, a cargo de la Dirección de Medioambiente.

En marzo del 2017 se le encomienda fiscalizar los diferentes contratos administrados por su oficina de aseo y ornato. Una vez nombrado inspector técnico de concesiones comenzó a cursar las primeras multas.

La empresa interpelada fue la responsable de los servicios de recolección de residuos domiciliarios a causa de las “reiteradas faltas graves” al contrato que el profesional constató.

La demanda presentada por la misma abogada que patrocina a la periodista detalla: “Situación esta última que molestó a la administración municipal, tanto así, que se convirtió en un rumor a viva voz que el alcalde quería desvincularlo”.

Aravena refiere que fue citado a una reunión privada con el alcalde y la administradora municipal. En tal ocasión se le habría solicitado la renuncia voluntaria luego de argumentar que se trataría de una “persona vulnerable” debido a sus deudas. Esto fue apoyado con documentación que acreditaba su estado financiero.

Luego de negarse a renunciar, el día 22 de septiembre Aravena fue notificado de su despido como sanción a las malas calificaciones obtenidas en un proceso de evaluación. La defensa del ingeniero calificó esta situación como “un proceso arbitrario e ilegal”. Por ello la demanda interpuesta acusa de despido injustificado y acoso laboral a la municipalidad de Los Ángeles.

“EL INGENIERO FALTA A LA VERDAD”

Desde la municipalidad argumentaron en contra de lo dicho por el demandante. El abogado señaló que Aravena “falta a la verdad” cuando denuncia que el alcalde y la administradora municipal lo amenazaron apelando a su estado financiero.

La versión de la defensa sostiene que lo que ocurrió realmente fue que la administradora municipal “hizo presente al Sr. Aravena la existencia de muchos reclamos en su contra por parte de funcionarios antiguos del municipio, así como del contenido de su informe de desempeño”.

Del mismo modo el abogado reconoció que existieron “molestias” hacia el trabajo de Aravena, pero que éstas no estuvieron fundadas en las multas que cursó en su calidad de inspector, sino que obedecieron al hecho que “don Alejandro concentraba todas las multas cursadas para hacerlas efectivas a final del mes, y no tan pronto se generaban los incumplimientos, situación que también fue comentada por la Dirección de Control del Municipio”.

Respecto de la desvinculación del profesional la defensa sostiene que al momento de ser despedido el ingeniero conocía desde hacía tiempo el contenido de su informe desempeño.

Además, el argumento de la defensa se funda en el derecho que asiste a la autoridad para poner término al contrato “en el momento que estime conveniente”, debido a la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios" dispuesta en la contratación de Aravena.

Después de tres suspensiones, solicitadas de común acuerdo entre los abogados, el juicio se realizará el próximo 6 de marzo en el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles.

POLÉMICA EN OFICINA DE LA MUJER

La encargada del Centro Integral de la Mujer también demandó a la municipalidad de Los Ángeles por vulneración de derechos fundamentales.

Plantea la abogada que su representada fue expuesta a una campaña de “desacreditación y desprestigio” a partir del momento en que toma conocimiento y comunica situaciones irregulares en torno al “pago extra de remuneraciones que percibía un funcionario cercano a la jefatura”.

La defensa del municipio contestó la demanda asegurando que tampoco es verdadero que el alcalde y otros funcionarios hayan ejercido conductas para que la profesional a cargo del CeMujer renunciara a su puesto.

Las partes involucradas se enfrentarán en la audiencia de juicio que está programada para el próximo 15 de febrero en el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles.

PROCESO ABIERTO

En una primera instancia el Tribunal del Trabajo ya condenó a la municipalidad a pagar 30 millones de pesos de indemnización por despido injustificado al ex director del DAEM Carlos Lang. 

Sin embargo el fallo aún no está firme y ejecutoriado pues se encuentran vigentes los plazos para la impugnación del mismo.

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