Experto en migración plantea los desafíos de este tema para las políticas en Chile

El presidente del Consejo Directivo del Observatorio Internacional de Migraciones (OCIM), Diego Carrasco, abordó la relación entre la “Migración y las políticas públicas: desafíos y proyecciones”, el martes 10 de octubre, en la Contraloría General de la República, en la Charla Magistral que se efectuó con motivo de la conmemoración del 90° Aniversario de la institución.

La ponencia tuvo como objetivo hacer referencia al fenómeno migratorio y los principios, características, tendencias y proyecciones de la regulación y de las políticas públicas sobre movilidad humana en Latinoamérica y Chile, desde la óptica del desarrollo, la inclusión, la dimensión del Derecho y las buenas prácticas. 

El presidente de OCIM explicó que actualmente Chile se define como un país de migración, que lidera la tendencia migratoria en la región, con un 3 por ciento de migrantes, cuyo perfil está dado por personas de procedencia latina, cristianas, e hispanoparlantes, que tienen mayores tasas de escolaridad que los chilenos. No obstante, señaló que en los próximos 10 años esta situación cambiará. “Se espera un aumento de la migración extracontinental, con personas que no hablan nuestro idioma, profesan otras religiones y que tienen otra base cultural, cambio social que debe ser tomado en cuenta por las políticas públicas, porque Chile se volverá un país global”, afirmó.

A la charla asistió numeroso público integrado por ciudadanos que postularon a través del sistema de Capacitación de la Contraloría y representantes de instituciones públicas y vinculadas a la temática migratoria. Por la Contraloría asistieron el Contralor General, Jorge Bermúdez; y funcionarios del Organismo de Control.

Diego Carrasco explicó que OCIM realizó un informe sobre Chile en 2016 que identificó más de 100 políticas consideradas buenas prácticas en el país. Destacó “el trabajo que están realizando las comunas con políticas locales, otras normativas como la Ley de Antidiscriminación y la ley que sanciona los delitos de tráfico, la homologación documental, los cambios en las políticas de visado y las primeras políticas de afirmación en salud y en educación”.  

Respecto de la agenda de trabajo, indicó que, para el proyecto de ley migrante, de 2017 “la ONU recomendó a Chile que esta iniciativa se encuentre completamente conforme con las normas internacionales de protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias, en particular con las disposiciones de la Convención de Protección de Trabajadores Migrantes y sus Familias”.

Manifestó que los desafíos para Chile son “planificar, ejecutar y fiscalizar la dimensión de Derecho, lo que incluso modifica la necesidad de los servicios de revisar e interesarse en el propósito administrativo, tomar en cuenta el Bioderecho Administrativo o cómo desde el Derecho Administrativo se aborda el tema a escala humana; el control de convencionalidad. Porque más allá de las discusiones académicas, los organismos de la Administración del Estado están obligados a aplicar el Derecho Internacional en estas materias, a tomar en cuenta los criterios de los organismos internacionales y contar con un Derecho Administrativo de inclusión”, dijo.