El gobernador de Biobío, Luis Barceló, reconoció estar al tanto de la deuda que la Intendencia Regional mantiene con transportistas de la Provincia, que prestaron sus buses durante las elecciones municipales de octubre del año pasado, para otorgar el servicio de traslado de personas hacia locales de votación.
Al respecto la autoridad contó que “efectivamente se han acercado a conversar conmigo algunos de ellos y es un tema de Intendencia, un tema burocrático”, reconoció Barceló.
Evitando profundizar en el problema, el jefe provincial sostuvo que los afectados “debieran conversar con Intendencia”, explicando así el estado moroso que mantiene el ente de gobierno con los empresarios que denunciaron la deuda.
En las últimas horas otro transportista de la Provincia que ofreció el mismo servicio a la Intendencia también acusó al ente de no cancelarle sus honorarios.
“La Gobernación nos contactó y luego nos dijeron que nos iba a cancelar la Intendencia (…) me hicieron cambiar la factura y eso que estaba bien hecha. Yo pienso que solamente fue para alargar más esta situación”, contó Manolo Valenzuela, representante de Buses Valroa, en la comuna de Quilaco.
El afectado acusó que le adeudan 250 mil pesos. “Uno confía en las instituciones. Si uno ofrece ese servicio a empresas privadas anda mucho más rápido que el gobierno (…) Nosotros trabajamos con personas, tenemos que pagarle a nuestro personal, hay que consumir el petróleo y pagarlo, uno necesita las lucas”, comentó molesto.
Recordemos que el primero en denunciar la deuda fue el empresario Iván Viveros, cuya esposa es representante legal de Transportes Doris del Pilar Romero. En su caso, cansado de gestionar el cobro respectivo, decidió enviar a Dicom a la Intendencia Regional.
Consultado el órgano respecto a la denuncia efectuada por este empresario del transporte, desde Comunicaciones se nos informó que el pago adeudado correspondía ser gestionado por la seremi de Transporte del Biobío.
Diario La Tribuna tomó contacto con dicha repartición pública para obtener un pronunciamiento sobre el tema, desde donde contestaron que “desde la División de Transporte Público Regional del Ministerio de Transportes, manifestaron que el retraso en los pagos es producto de una demora en la rendición de cuentas, la que debía recibirse dentro del año presupuestario 2016 y que no se efectuó. Esta rendición se recibió y fue posteriormente aprobada con fecha 7 de abril del año en curso, lo que significó que todos los trámites administrativos asociados a la necesidad de modificación (puesto que el año presupuestario debió ser actualizado) debieron rehacerse. Actualmente se está trabajando con celeridad para concretar el pago requerido”, se lee en un comunicado enviado por la Seremi de Transportes.