Juez de policía local de Mulchén fue condenado por delito de prevaricación

En fallo unánime, la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a Rindolfo Eduardo Barra Navarrete, juez de Policía Local de Mulchén, como autor del delito consumado de prevaricación.

“La prevaricación es el incumplimiento grave de determinadas prohibiciones y obligaciones que tienen los jueces en su calidad de tal, como sujetos calificados”, explicó el fiscal adjunto de Los Ángeles, Rodrigo Durán.

Durante 2011, agregó Durán, el Ministerio Público de Los Ángeles recepcionó una denuncia por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción que indicaban algunos antecedentes que, eventualmente, podrían constituir un delito.

Fue así como “desarrollamos una investigación y, durante la misma, se obtuvo antecedentes en torno a que el magistrado Rindolfo Barra Navarrete, del Juzgado de Policía Local de Mulchén, había cometido hechos que eran constitutivos del ilícito de prevaricación”, relató el fiscal.

De acuerdo a información entregada por Durán, Barra había remitido –durante un juicio civil a su cargo y sin conocimiento de los intervinientes- una copia de la sentencia a una de las partes vía correo electrónico, antes de haberla dictado.

El hecho constituía una causal de implicancia para él y que debía ser comunicada a ambas partes y declararse de oficio inhabilitado para seguir en las funciones del cargo.

“Al no ocurrir ello y dictar posteriormente sentencia, cometió un delito ministerial toda vez que dictó el fallo en contra de los implicados”, expresó el fiscal.

Una vez reunidos los antecedentes suficientes para poder imputar esta responsabilidad, Barra fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Mulchén.

Posterior a ello, el Ministerio Público debió iniciar un trámite de pre-juicio y que debe realizarse respecto a cada imputación criminal adoptada en contra de un juez al tener una especie de fuero en su calidad de tal.

Ese trámite es lo que se denomina una querella de capítulos y se celebra ante la Corte de Apelaciones; en esa instancia, la Fiscalía solicita al tribunal superior que se autorice al Ministerio Público para llevar a juicio a un miembro del Poder Judicial.

Eso se realizó durante el 2014, instancia que culminó con éxito ya que la Corte de Apelaciones estimó que los antecedentes que el Ministerio Público poseía eran suficientes para continuar.

La decisión fue, posteriormente, ratificada por la Corte Suprema; ello, “nos dio la libertada para continuar –en etapa de juzgamiento- la persecución contra el magistrado y que terminó con un veredicto condenatorio por el delito que se le imputaba”, expresó Durán.

CONDENA

El fiscal explicó que esta condena está compuesta por dos penas principalmente por el hecho de ser funcionario público.

En este caso, el Ministerio Público está solicitando una pena de 5 años de inhabilitación absoluta temporal para ejercer cualquier cargo y oficio público.

Ello, “sin perjuicio que el hecho de que un funcionario judicial sea condenado, eventualmente, pudiere involucrar su remoción por la vía administrativa”, agregó el fiscal.

Por otra parte, como pena privativa de libertad el Ministerio Público solicitó la pena de 400 días de cárcel puesto que Barra no mantiene antecedentes.

“Ahora, la magnitud de las penas es un tema que va a depender exclusivamente del tribunal que analiza los antecedentes no solamente proporcionados por nosotros sino que por la defensa, entre ellos, que el imputado colaboró con la investigación y que no tiene condenas anteriores”, puntualizó Durán.