Las graves repercusiones del reciente sistema frontal que azotó principalmente a la Región de Coquimbo y a la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama, han dejado un saldo devastador no solo a nivel humano, sino también económico.
El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, proyectó que la recuperación de la infraestructura dañada requerirá una inversión que oscila entre los 400 y 500 millones de dólares. No obstante, advirtió que al sumar el déficit histórico de obras en la zona, la factura total podría escalar a los 700 millones de dólares.
El balance actualizado por Senapred refleja la crudeza de la emergencia: 13 víctimas fatales, 18 personas desaparecidas, más de 13.500 damnificados y una cifra que supera los 40.000 aislados. A nivel habitacional, el panorama es crítico, con cerca de 1.600 viviendas completamente destruidas y más de 5.000 con daños mayores.
Frente a la magnitud del evento, el Ejecutivo ya analiza vías de financiamiento, como la eventual activación del 2% constitucional destinado a emergencias, aunque el biministro aseguró que el Estado cuenta con los recursos necesarios. Por su parte, la reparación de vías concesionadas clave, como la Ruta 5 Norte y la Ruta 43, se solventará a través de los seguros comprometidos en sus respectivos contratos.
Autocrítica gubernamental y reclamos locales
Tras recorrer las zonas afectadas en Coquimbo, De Grange hizo un mea culpa respecto al manejo inicial de la contingencia. "En el flujo de información hay una oportunidad de mejorar: descentralizarlo más adecuadamente", admitió el secretario de Estado, contrastando la inmediatez de los reportes digitales en telecomunicaciones con el rezago en obras públicas. "(...) en materia de infraestructura vial, tú tienes que estar ahí", enfatizó, subrayando la imposibilidad de evaluar cortes de caminos o daños en puentes en zonas cordilleranas sin presencia territorial directa.
Sin embargo, la autocrítica no frenó el descontento de las autoridades locales. El alcalde de Ovalle, Héctor Vega, cuestionó duramente la gestión operativa y preventiva del nivel central, acusando lentitud en la declaración de zona de catástrofe.
"Durante la emergencia no llegó la ayuda, llegó posterior. Llegó una vez que ya había pasado el frente", fustigó el jefe comunal, detallando que la asistencia preventiva, como la entrega de colchones para los albergues, tuvo un rezago crítico de casi cinco días. "Estamos hablando de que empezó a llegar la ayuda el día martes recién, y este frente inició el día jueves (...). Fue una catástrofe bastante grande la que se vivió acá", concluyó Vega, argumentando las grietas logísticas en la respuesta estatal a la crisis.
