Siete robos en lo que va del año han convertido al jardín infantil Mi Gran Mundo, ubicado en el sector de Paillihue de Los Ángeles, en uno de los establecimientos educacionales más afectados por la delincuencia en la comuna.
Los reiterados ingresos de desconocidos han provocado daños en las dependencias y la pérdida de alimentos destinados a los niños y niñas que diariamente asisten al recinto, generando preocupación entre los apoderados y docentes por el desafío que representa mantener con normalidad las actividades académicas y el servicio de alimentación.
La situación fue conocida en terreno por el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, quien visitó el establecimiento para conocer directamente las consecuencias que han dejado estos hechos y evaluar las condiciones en que actualmente funciona el área destinada al almacenamiento y preparación de los alimentos.
Tras su recorrido, la autoridad lamentó lo ocurrido y aseguró que la ola de delitos a la que se ha visto expuesto el establecimiento terminan afectando directamente a la calidad de la educación y vida de los niños y niñas que reciben atención en el recinto.
"Lo primero es lamentar y condenar estos hechos. Son situaciones repudiables por la afectación que genera esto en la educación parvularia".
LAS CONSECUENCIAS Y EL PROTOCOLO
En conversación con La Tribuna, el director nacional recalcó que el impacto de estos robos no se limita a los daños materiales o a los productos sustraídos. La interrupción del servicio también genera consecuencias para las familias y los niños que dependen del establecimiento para contar con su alimentación diaria.
El director explicó que cuando ocurren hechos de estas características, las empresas responsables del servicio deben coordinar la reposición de los productos para recuperar la normalidad. Sin embargo, desde Junaeb advierten que la solución no puede quedar reducida a reponer una y otra vez los alimentos sustraídos.
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO
Peña sostuvo que el desafío principal es generar las condiciones necesarias para impedir que el jardín vuelva a ser víctima de nuevos delitos.
De acuerdo con el relato del director nacional de Junaeb, no basta con reaccionar después de cada robo. El Estado, sostuvo, debe ser capaz de garantizar las condiciones mínimas de seguridad para que estos espacios puedan continuar funcionando y entregando sus servicios con normalidad.
"No sacamos nada con lamentar si no somos capaces, como Estado, de garantizar una seguridad mínima para que el derecho a la educación se pueda ejercitar. En este caso el derecho a la educación parvularia, que es, además, un servicio especialmente delicado y sensible para las familias".
La visita al establecimiento por parte de la autoridad y su equipo buscaba evaluar alternativas que permitan recuperar el servicio en el corto plazo, pero también avanzar en medidas de prevención que impidan que los establecimientos continúen siendo blanco de nuevos delitos.
"Buscar herramientas o medidas de prevención para que junto con la Junji podamos garantizar un estándar de seguridad mínimo y adecuado para que el servicio de alimentación pueda funcionar".
El director nacional también destacó que la alimentación constituye una parte fundamental del proceso educativo y del bienestar de los párvulos, por lo que su interrupción representa un problema que debe ser abordado con prioridad.
"Entendemos el derecho a la alimentación no como algo accesorio, sino como parte fundamental del derecho a la educación que tienen quienes asisten a jardines y escuelas públicas".
En paralelo, Peña reveló que la situación del establecimiento también ha sido abordada en conjunto con autoridades locales, entre ellas el delegado presidencial provincial, Juan Pablo Millado, con el objetivo de buscar medidas que permitan mejorar las condiciones de seguridad y prevenir nuevos robos.