El proyecto de ley conocido como "Escuelas Protegidas" ya superó uno de sus primeros hitos legislativos y se encamina hacia una semana clave en el Senado. Luego de que la Comisión de Educación aprobara en general la iniciativa, el foco político y técnico se trasladará ahora a las indicaciones que podrían redefinir parte importante de su contenido antes de llegar a Sala y avanzar a tercer trámite constitucional.
La discusión ocurre en medio de un escenario marcado por episodios de violencia escolar, cuestionamientos al sistema de convivencia educativa y presión transversal para entregar herramientas concretas a directores, docentes y comunidades educativas.
¿Qué viene ahora tras la aprobación del proyecto Escuelas Protegidas?
Con la aprobación en general ya concretada, el siguiente paso será la presentación de indicaciones al proyecto, proceso que tendría como plazo interno este viernes 15 de mayo.
Durante esta etapa, senadores y el Ejecutivo podrán introducir cambios, eliminar artículos o ajustar aspectos considerados controversiales. Entre ellos aparecen las facultades de revisión de mochilas, las sanciones asociadas a hechos violentos y el rol de los establecimientos frente a conflictos de convivencia escolar.
La próxima semana será decisiva. Entre miércoles y jueves continuarán las audiencias con especialistas, actores educativos y organizaciones vinculadas al sistema escolar. Posteriormente, el lunes 18 se debatirían las enmiendas para preparar el despacho a Sala.
La intención legislativa es que el Senado vote el proyecto durante esa misma semana, permitiendo que avance a tercer trámite.
Las medidas que podrían cambiar la convivencia en colegios y liceos
Uno de los elementos que más debate ha generado es la posibilidad de que los establecimientos educacionales revisen mochilas, bolsos u otras pertenencias de estudiantes cuando existan sospechas vinculadas a objetos peligrosos.
El proyecto establece que sostenedores y establecimientos podrán adoptar medidas preventivas para impedir el ingreso, uso o porte de elementos que puedan ser utilizados en agresiones o daños dentro de recintos educacionales.
Sin embargo, la iniciativa también fija límites: no se permitirá revisión corporal ni exigir que estudiantes se desnuden. En caso de detectarse objetos considerados peligrosos, el establecimiento deberá informar a padres y apoderados, además de comunicar el hecho a Carabineros o la PDI.
Otro punto relevante es la prohibición del uso de prendas o accesorios que dificulten la identificación facial, como overoles o capuchas, salvo excepciones justificadas.
Además, el texto incorpora como una falta grave aquellas acciones que provoquen interrupción total o parcial de clases, un aspecto que apunta directamente a episodios de tomas, disturbios o hechos que alteren el funcionamiento escolar.
¿Por qué el proyecto genera cuestionamientos?
Aunque la iniciativa surgió con respaldo de sectores que exigen mayor seguridad en establecimientos, el debate ha evidenciado profundas diferencias respecto al enfoque del proyecto.
Quienes respaldan la propuesta sostienen que el sistema actual dejó a directores y docentes sin capacidad real de reacción frente a hechos violentos. Según esa mirada, la normativa entregaría herramientas concretas para actuar rápidamente ante emergencias, reforzar la autoridad docente y reducir la sensación de impunidad.
También argumentan que la legislación vigente, incluida Aula Segura, presenta vacíos operativos y excesiva burocracia para enfrentar casos críticos.
Pero las críticas apuntan a otro eje: el riesgo de profundizar una lógica exclusivamente sancionatoria.
Diversos especialistas en convivencia escolar y salud mental han advertido que medidas centradas solo en control y castigo podrían no reducir la violencia. Incluso, algunos estudios citados durante la discusión legislativa indican que estrategias de acompañamiento psicosocial y apoyo familiar generan mejores resultados preventivos a largo plazo.
La ausencia de medidas robustas en salud mental estudiantil también aparece entre las principales observaciones al proyecto.
Gratuidad y sanciones: otro de los puntos que genera debate
Uno de los aspectos menos comentados fuera del Congreso, pero con alto impacto potencial, es la modificación relacionada con la gratuidad en educación superior.
La propuesta establece que quienes hayan sido condenados por delitos contra la vida, integridad física, infraestructura pública o propiedad podrían quedar inhabilitados durante cinco años para acceder al beneficio estatal.
El debate sobre esta norma no solo involucra seguridad, sino también reinserción, proporcionalidad de las sanciones y acceso a la educación.
