La ministra de Educación, María Paz Arzola, entregó este domingo un balance de sus primeros dos meses al frente de la cartera y abrió la puerta a un cambio de rumbo en uno de los procesos más controversiales del sistema educativo: el traspaso de colegios municipales a los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP.
Realidades distintas y ley vigente
La ministra explicó que, tras reunirse con casi 70 alcaldes en distintas regiones, comprobó que las realidades son muy distintas entre comunas por el estado de los colegios, la matrícula y la voluntad de los municipios de seguir a cargo.
Aclaró que cualquier pausa implicaría modificar la ley vigente, que establece que en 2030 todos los colegios deben estar bajo administración de un SLEP.
Sobre el funcionamiento de los servicios, reconoció que hay SLEP que están operando bien, así como había municipios que gestionaban bien la educación. Sin embargo, advirtió un problema estructural: "Son servicios públicos intentando administrar un servicio educativo que requiere agilidad y foco, dos condiciones que el modelo no siempre garantiza".
"La burocracia está asfixiando la educación"
En materia de aprendizajes, Arzola puso el foco en la sobrecarga administrativa. Dijo que en jornadas con cerca de 1.500 directores escolares en todo el país, el diagnóstico fue coincidente: "Es lo que te dicen los directores escolares. Es el diagnóstico que nosotros traíamos y que se nos está refrendando".
Fue enfática en que esa situación no es fortuita, sino resultado de décadas de intentar resolver los problemas educativos desde el Estado a través de regulaciones y obligaciones.
Violencia escolar: 43 casos diarios en 2025
La ministra abordó la violencia escolar con cifras de Carabineros a las que accedió desde el Mineduc. Indicó que durante 2025, en promedio 43 establecimientos registraron diariamente algún caso de porte de armas, tráfico de drogas o amenazas a la vida.
En ese marco, defendió el proyecto de Ley de Escuelas Protegidas como una herramienta para formalizar prácticas que los colegios ya aplican sin respaldo normativo. Rechazó las críticas por falta de financiamiento: "No impone nuevos gastos, sino que entrega atribuciones que hoy no están reguladas".